La organización no gubernamental venezolana Justicia, Encuentro y Perdón denunció la grave situación de salud que atraviesa la abogada y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, quien permanece detenida.
La ONG reveló, a través de una publicación en la red social X, que San Miguel requiere con urgencia atención médica especializada debido a la fractura en el hombro sufrida hace más de siete meses, solicitud que hasta el momento no ha sido atendida por las autoridades competentes.
Justicia, Encuentro y Perdón expresó profunda preocupación por la integridad física y emocional de la reconocida activista. “A pesar de la gravedad de esta lesión, no ha recibido atención médica especializada, lo cual pone en riesgo su salud física y emocional, y puede ocasionarle secuelas irreversibles", advirtió la organización, subrayando la urgencia de una intervención médica oportuna para evitar complicaciones mayores.
La ONG calificó la omisión de atención médica como una “grave violación" de los derechos humanos de Rocío San Miguel. En este sentido, especificó que se vulneran derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la integridad personal y a condiciones dignas de detención, principios amparados por los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La falta de respuesta ante una necesidad médica evidente agrava aún más la situación de la defensora.
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A la preocupante condición de salud se suma un retardo procesal que la ONG considera “inadmisible". Según detallaron, la audiencia de juicio de Rocío San Miguel ha sido postergada en cuatro ocasiones, con lapsos de casi dos meses entre cada diferencia. Este retraso en el proceso judicial añade incertidumbre y angustia a la situación de la defensora y su familia, prolongando una detención que la ONG considera injustificada.
Ante este panorama, Justicia, Encuentro y Perdón realizó un enfático llamado a las autoridades venezolanas, exigiendo la liberación “inmediata y sin condiciones" de Rocío San Miguel.
La organización insiste en la necesidad de garantizar sus derechos fundamentales, incluyendo el acceso a la salud y a un debido proceso sin dilataciones indebidas. La comunidad nacional e internacional se mantiene atenta a la evolución de este caso que genera creciente preocupación por el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
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