Caracas.- Con el propósito de promover la reinstitucionalización del país y presionar por la definición de una fecha para los comicios presidenciales, diversos sectores políticos anunciaron la creación de la Alianza por Venezuela (AVE), una iniciativa que busca articular a distintos movimientos en una estrategia común para restituir las garantías democráticas en el país.
“Nosotros nacemos para luchar por el rescate de la institucionalidad venezolana, la reinstitucionalización del país, con el nombramiento de todas las instituciones oficiales y para lograr en estos momentos unas elecciones presidenciales en el corto plazo", señaló Noel Álvarez, coordinador nacional del partido político Gente Generación Independiente y coordinador protempore de la Alianza por Venezuela.
Álvarez explicó que la vocería y conducción de la plataforma se renovará cada dos meses entre las organizaciones participantes. El vocero subrayó que la demanda prioritaria del bloque es la publicación de un cronograma electoral oficial que proporcione certidumbre a la ciudadanía sobre el desarrollo de una elección presidencial.
Hasta el momento, la plataforma está conformada por ocho organizaciones políticas principales y una agrupación invitada, sumando nueve sectores en la etapa inicial, a los cuales se incorporarán progresivamente otros factores nacionales, regionales y locales. Entre los sectores participantes figuran organizaciones como Centrados, Gente y Concertación Ciudadana, acompañadas por el Movimiento Republicano en calidad de invitado y por Alianza Bravo Pueblo, cuya adhesión formal se prevé tras culminar un debate interno.
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Los representantes de la coalición recordaron que la Alianza por Venezuela se originó a partir de la firma del Manifiesto de Panamá. En ese sentido, Álvarez ratificó que la agrupación mantiene una alianza estratégica con la dirigente María Corina Machado y su partido, Vente Venezuela, por lo que reconocen el liderazgo de Machado como la persona designada para conducir los procesos de negociación. Respaldan, además, su eventual candidatura a la presidencia de la República.
Frente a las conversaciones y acuerdos políticos en curso, los voceros marcaron distancia con la conducción habitual del proceso de negociación y remarcaron que actuarán como organismos contralores de lo que vaya sucediendo en las mesas de diálogo. La plataforma puntualizó que no nace para confrontar con la Plataforma Unitaria ni con Vente Venezuela, sino para proponer alternativas y sumar esfuerzos a favor del cambio político.
No obstante, la Alianza manifestó severas dudas respecto a la transparencia de los consensos alcanzados y cuestionó los beneficios reales que las negociaciones han dejado para la población vulnerable. “¿Cuáles son los alcances del pacto petrolero? ¿Cuánto dinero ha entrado por concepto de petróleo? ¿Cuánto se ha destinado para el salario de los obreros, para ayudar a los campesinos que se mueren de hambre y a los pescadores que se aumenten la pobreza crítica de este país? ¿Por qué no han liberado los presos políticos?", cuestionó el exdiputado Eustoquio Contreras, miembro de la Alianza, al referirse a la falta de respuestas claras hacia los trabajadores y sectores golpeados por la crisis.
Los dirigentes recalcaron que los venezolanos no tranzan su soberanía ni negocian la libertad del país, por lo que exigieron que cualquier proceso de conversación sea transparente y responda al interés nacional. Asimismo, indicaron que las decisiones políticas deben acordarse directamente entre venezolanos, contando con el acompañamiento y garantías de la comunidad internacional sin desvirtuar las aspiraciones democráticas de la sociedad.
Respecto al debate sobre posibles convocatorias a comicios regionales o municipales, los voceros de la Alianza por Venezuela remarcaron que la realización de una elección presidencial representa el único mecanismo capaz de resolver la crisis política, social y económica. Álvarez sostuvo que las elecciones de gobernadores, alcaldes o concejales no solucionan el problema de fondo que atraviesa la nación, por lo que el foco de la oposición debe mantenerse en la contienda presidencial.
Al abordar el contexto institucional, los voceros hicieron referencia a la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024, en la que, según la oposición, resultó ganador Edmundo González Urrutia. En ese sentido, indicaron que correspondió al órgano electoral y a la Asamblea Nacional actuar en estricto acatamiento de la Constitución para juramentar y proclamar la representación presidencial elegida por los venezolanos.
La agrupación política también adelantó que mantendrá un seguimiento riguroso sobre un posible nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). En ese sentido, advirtió que la institución no debe responder a repartos de poder entre cúpulas. De igual forma, el vocero señaló que la Alianza vigilará las comisiones parlamentarias encargadas de revisar el Registro Electoral Permanente, la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia y la restitución de las tarjetas e identidades jurídicas a los partidos políticos que se encuentran judicializados o suspendidos.
En el ámbito social, los integrantes de la coalición manifestaron su preocupación por el deterioro sostenido de los servicios públicos. Para evitar que el descontento derive en una implosión social, la Alianza propone asumir el rol de correa de transmisión entre las demandas de las comunidades y los centros donde se toman decisiones institucionales.
De cara al trabajo político, los voceros destacaron su disposición a entablar conversaciones sin exclusiones con la Plataforma Unitaria, universidades, iglesias, consejos comunitarios e incluso sectores del oficialismo. La dirigencia insistió en que el objetivo de rescatar la democracia requiere articular el esfuerzo conjunto de todos los venezolanos en torno a una estrategia amplia de cambio.
Finalmente, las organizaciones miembros iniciaron un plan de zonificación territorial a escala nacional. Álvarez precisó que actualmente la Alianza cuenta con el 30 % de las asociaciones regionales conformadas y fijó como meta completar el 100 % de la estructura organizativa en un plazo de 15 días.