Caracas.- El abogado venezolano-mexicano Reinaldo J. Díaz Ohep explicó que North American Blue Energy Partners (NABEP), la petrolera vinculada al empresario Alejandro Betancourt, no superaría una auditoría de cumplimiento legal (compliance) debido a la falta de transparencia sobre sus propietarios, el origen de sus recursos y los mecanismos de control de la empresa.
En un artículo publicado el 22 de octubre en su cuenta de LinkedIn, Díaz Ohep analizó el acuerdo de asociación estratégica firmado entre Estados Unidos y NABEP, cuyo contenido divulgó el medio estadounidense ProPublica el pasado 20 de octubre.
El especialista en prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio señaló que la sociedad matriz de NABEP está registrada en Barbados y que sus accionistas e inversionistas no están identificados públicamente en su totalidad. Esto, explicó, impide conocer quiénes son los beneficiarios finales de la empresa y quiénes recibirán los beneficios económicos de la operación petrolera.
Díaz Ohep también se refirió a las investigaciones por presunto lavado de dinero que involucran a Betancourt en Estados Unidos, Suiza y España, relacionadas con fondos que habrían sido desviados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Aclaró que el empresario no ha sido acusado formalmente, pero indicó que estos antecedentes representan un factor de riesgo que requiere una debida diligencia reforzada.
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«La presunción que debe operar en compliance no es la de legitimidad, sino la de riesgo alto, hasta que el origen de cada activo esté documentado», escribió.
Entre otros aspectos, el abogado cuestionó que el acuerdo contemple estados financieros trimestrales que no necesariamente deben estar auditados ni tienen una obligación clara de publicación. También señaló que el Gobierno estadounidense tendrá una participación potencial en la sociedad matriz y derechos económicos preferentes, lo que requiere mecanismos adicionales para evitar conflictos de interés.
Como medidas para corregir estas deficiencias, Díaz Ohep propuso identificar a todos los beneficiarios finales, verificar el origen del patrimonio de los accionistas, establecer auditorías independientes y aclarar las obligaciones fiscales y los pagos que recibirá el Estado venezolano por la explotación petrolera.
El abogado concluyó que el acuerdo debe someterse a una revisión independiente de legalidad, integridad y cumplimiento para demostrar que sus activos son legítimos y que existen mecanismos verificables de transparencia y rendición de cuentas.