La presa política Mayra Castro (47) cumplirá un año detenida el próximo dos de agosto, «en medio de condiciones que constituyen una flagrante violación de sus derechos humanos más básicos», denunciaron sus familiares.
«Desde el primer día de su detención ha sido víctima de un proceso judicial plagado de irregularidades: se le ha impedido designar un abogado de confianza, ha sido representada forzosamente por la defensa pública y, a la fecha, no se le ha garantizado el debido proceso ni un juicio justo», dijeron sus parientes a El Pitazo.
Castro fue detenida en el municipio Urdaneta de los Valles del Tuy, estado Miranda, después de la elección presidencial del 28 de julio. Estuvo presa en los calabozos de la policía municipal hasta el pasado 13 de junio.
Ese día la trasladaron al Centro de Formación para Procesadas Femeninas «La Crisálida» en Los Teques. “En este lugar a las presas les piden cubrir hasta los gastos de cisternas de agua, porque no hay el servicio", denunciaron sus allegados.
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Los parientes de Castro han consignado escritos ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público (MP) y el tribunal competente, pero ningún organismo ha respondido formalmente.
«Se niegan, incluso, a sellar los documentos como constancia de recepción, vulnerando su derecho a la defensa y a una tutela judicial efectiva«, señalaron sus allegados.
Salud comprometida
El estado de salud de Mayra Castro es grave, ya que padece varias patologías y no ha recibido atención médica especializada ni ha tenido acceso a tratamientos.
En el calabozo de la policía municipal se lesionó un ojo, debido a la falta de luz en el área, y fue diagnosticada con epiescleritis. Además, padece migraña; gastritis crónica; edema en miembros inferiores; retención de líquido y bronquitis.
«Solo le han suministrado analgésicos, que apenas disimulan el dolor sin atender las causas reales de sus dolencias. Su salud se deteriora cada día, bajo condiciones carcelarias inhumanas, lo que representa una amenaza real, inminente e irreversible para su vida e integridad», acotaron.
Un Estado que castiga
Mayra Castro es presidenta del partido Primero Justicia en el municipio Urdaneta. La arrestaron con actas electorales de procesos anteriores. Estos documentos le servían para dar cursos a los funcionarios de mesa. Ahora está acusada de terrorismo e incitación al odio. Sus compañeros consideran que su caso no es simplemente una irregularidad judicial.
«Es una tragedia provocada por un Estado que persigue, silencia y castiga la disidencia política. Su detención prolongada, sin garantías legales, sin acceso a salud, viola los artículos más fundamentales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte», señaló un dirigente local de esta tolda.
Familiares y amigos exigieron la liberación inmediata, incondicional y con garantías de protección médica y jurídica de Mayra Castro. Consideran que “no puede seguir siendo castigada por ejercer sus derechos ciudadanos".
El llamado fue extensivo a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos y a las organizaciones civiles para que alcen su voz.
«No se puede permitir que una mujer inocente sea condenada a sufrir, enfermar y morir por razones políticas«, remarcaron.
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