El estado de salud de la abogada y jueza superior penal Maurelys Vílchez se deteriora de forma acelerada tras las rejas. El viernes 14 de agosto, la presa política sufrió una emergencia médica en el Centro de Formación Penitenciario Femenino La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda, que obligó a las autoridades carcelarias a trasladarla de urgencia a un centro asistencial externo.
De acuerdo con la denuncia de sus familiares, Vílchez presentó un cuadro clínico crítico caracterizado por una edematización generalizada (hinchazón extrema) y niveles severos de hipertensión. Aunque en el centro médico le prescribieron un tratamiento farmacológico orientado a tratar la presión alta, litiasis (cálculos) y niveles elevados de triglicéridos, sus allegados advierten sobre el riesgo de suministrarle estos medicamentos sin la debida supervisión de un especialista. La abogada nació con un solo riñón, una condición congénita que exige un estricto control médico que le ha sido negado.
Desde que fue detenida hace 20 meses, Vílchez no ha recibido la evaluación obligatoria de un nefrólogo. Sus parientes detallaron que desde hace cinco meses la condición de su único riñón ha empeorado drásticamente, manifestando síntomas alarmantes como fatiga crónica, dolores intensos en las articulaciones, infecciones urinarias recurrentes y una progresiva acumulación de líquidos.
«Ella era una mujer completamente sana que cuidaba su salud integral. Ahora su vida corre peligro y estamos profundamente preocupados», manifestaron sus allegados, quienes reviven el temor de un desenlace fatal similar al de Fabiana Páez, la privada de libertad que falleció en junio pasado en el mismo recinto penitenciario por falta de atención oportuna.
La distancia agrava la crisis
El drama médico de la extitular de la Corte de Apelaciones del estado Zulia se ve agravado por la distancia geográfica y la crisis económica. Su núcleo familiar reside en Maracaibo. Costear medicamentos desde el occidente es complejo. También resulta muy costoso por la distancia.
Ante este escenario de desatención médica continuada y retraso procesal, la familia de Maurelys Vílchez reiteró su llamado a los tribunales competentes para que otorguen una medida humanitaria que le devuelva su libertad. Aseguran que es la única vía para que reciba el tratamiento nefrológico que requiere con carácter de emergencia antes de que los daños a su salud sean irreversibles. «Seguiremos orando por ella y por todos los presos políticos«, concluyeron.
Las autoridades arrestaron a Vílchez el 20 de noviembre de 2024 en el Palacio de Justicia de Maracaibo y la vincularon al operativo político denominado «No a la Navidad». Tras mantenerla recluida en la sede de la Dgcim en Boleíta, Caracas, la trasladaron a principios de 2026 a La Crisálida, donde hoy enfrenta un cuadro de salud que su familia califica como una «sentencia de muerte«
Por este mismo caso, las autoridades detuvieron también a Pedro Velasco Prieto, presidente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a la jueza Maryorie Plazas, y a los ciudadanos Francisco Javier Urdaneta y José Gregorio Rondón Muñoz.
Más de 455 por liberar
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reportó 105 excarcelaciones el miércoles 20 de agosto al mediodía. El anuncio de la organización fue a través de su cuenta de X. Esta cifra contrasta con el reporte oficial de Delcy Rodríguez. La administración chavista anunció la liberación de 131 personas el 15 de agosto.
La coalición opositora exigió procesos de liberación masivos y permanentes. También pidió que estos actos sean públicos y transparentes. El objetivo principal es garantizar la libertad de todos. A juicio de la organización, el Estado solo necesita voluntad política.
El conteo propio de la PUD registra un dato alarmante. Más de 455 inocentes permanecen todavía tras las rejas, según su publicación. La organización afirmó que nada justifica mantener a estas personas presas.