Caracas.- Luego de permanecer tres años, siete meses y seis días privado de libertad y enfrentar actualmente un régimen de presentación bajo medidas cautelares, el estudiante de Comunicación Social Jonathan Carrillo exigió este lunes 19 de octubre el sobreseimiento de su causa y su libertad plena ante los tribunales de Caracas. Carrillo representa el último caso activo dentro del grupo de trabajadores de la prensa y comunicadores procesados judicialmente en el país.
Carrillo fue detenido el 20 de julio de 2022 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Tras su captura y posterior desaparición forzada temporal, permaneció encarcelado en la sede de El Helicoide y en el centro penitenciario de Yare II, sufriendo maltratos físicos y psicológicos hasta que el pasado 26 de febrero se le concedió una medida cautelar sustitutiva de libertad con prohibición de salida del país y régimen de presentación periódica.
“Soy inocente y exijo mi libertad plena; ya basta, exijo justicia porque mi única función en este país es estudiar y trabajar. Soy estudiante universitario del noveno semestre, a punto de graduarme, y tuve que paralizar mi carrera cuando fui arrestado y secuestrado por el Sebin", afirmó Carrillo a las afueras del Palacio de Justicia en Caracas, antes de ingresar a su séptima audiencia de juicio.
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Un proceso judicial con vicios y dilaciones
A pesar de haber sido excarcelado, el estudiante de Comunicación Social de 28 años permanece en un juicio penal viciado y carente de elementos probatorios. El Estado venezolano le imputó cinco delitos: migración ilícita, usurpación de funciones, uso de documento público falso, forjamiento de documentos públicos y asociación, vinculándolo con el intento de ingreso ilegal de un ciudadano extranjero.
La defensa y el propio estudiante han denunciado el marcado retardo procesal y las reiteradas irregularidades procesales cometidas en las fases de control y juicio. “La audiencia preliminar me la hicieron cuatro veces en distintos tribunales: dos en La Guaira e injustamente dos en tribunales de terrorismo en Caracas. Estuve dos años y siete meses en el Tribunal Tercero de Terrorismo con la jueza Alejandra Romero y nunca se inició el debido proceso ni se realizaron las diligencias correspondientes para demostrar la verdad", explicó Carrillo.
El estudiante relató que durante una de las audiencias en La Guaira, las autoridades judiciales intentaron condicionar su caso: “La juez me dijo ‘vamos a negociar’, y yo le respondí que no tengo por qué negociar mi inocencia ni mi libertad porque soy inocente de lo que se me acusa".
El juicio formal contra Carrillo comenzó el pasado 29 de junio y desde entonces ha enfrentado reiterados diferimientos. De los nueve funcionarios del Sebin citados por el Ministerio Público a declarar como testigos del procedimiento, solo dos se presentaron durante la sexta audiencia celebrada el pasado 7 de octubre.
“Estos dos funcionarios actuantes no testificaron nada que sea en mi contra, absolutamente nada. No se habló nada de mí que me vinculara con esos cinco cargos". A esta falta de sustentación se suma que los abogados privados del estudiante solo pudieron juramentarse y acceder al expediente por primera vez tras cuatro años de proceso, constatando que no existe ni un solo elemento de convicción contundente contra su representado.
“Informar, comunicar y trabajar en la prensa no es terrorismo. Decir la verdad con ética y profesionalismo no es terrorismo. Considero que la Ley contra el Odio y los tribunales de terrorismo deben ser derogados totalmente, porque cuando se viola el debido proceso constitucional y no hay garantías, los casos pierden toda legitimidad", aseveró el estudiante.
La angustia familiar
La prolongación del proceso ha generado un impacto económico, emocional y personal tanto en el estudiante como en su núcleo familiar. Su madre, María Jiménez, quien tuvo que trasladarse desde el estado Bolívar a Caracas para asumir la búsqueda de su hijo y denunciar las arbitrariedades, relató el drama vivido durante este período.
“Para nosotros como familia ha sido bastante tormentoso; hemos vivido susto, ansiedad y terror. Tener un hijo o un familiar preso no es nada fácil porque el familiar se siente preso junto con él. Exigimos que se cierre de una vez este ciclo en el tribunal y le den su libertad plena, porque mi hijo nunca fue un terrorista", declaró Jiménez.
Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos como Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) recalcaron que Carrillo es el último trabajador de la prensa de una lista de más de 40 comunicadores que enfrentaban causas penales en Venezuela hasta principios de año.
Carlos Correa, director de Espacio Público, subrayó la trascendencia de que se dicte el sobreseimiento definitivo en este caso.
“Es muy importante que efectivamente se dé el sobreseimiento y la liberación plena de Jonathan en el día de hoy. En los últimos dos o tres años documentamos un incremento de la persecución judicial contra periodistas. Avanzar en el cierre definitivo de estas causas ayuda a recuperar la vida cotidiana y permite que los colegas trabajen sin el temor a ser detenidos".
Tras realizarse la séptima audiencia de juicio este lunes, se programó una octava audiencia para el próximo 2 de noviembre, según informó la organización Espacio Público en su cuenta de X.