Un informe presentado por la organización Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento concluyó que la Defensoría del Pueblo ha incumplido su mandato constitucional “al ser un ente omisivo, parcial y carente de independencia".
La organización hizo una evaluación sobre el rol de la Defensoría del Pueblo (DP) en Venezuela. Esta institución fue creada para promover y proteger los derechos humanos, pero, “ha devenido en un órgano inoperante, silencioso e, incluso, cómplice ante la grave crisis de derechos humanos en el país".
“Frente a las denuncias de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y represión, la Defensoría del Pueblo no ha ejercido un rol activo ni eficaz", destaca el informe.
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El análisis se apoya en una revisión normativa, informes nacionales e internacionales y en una comparación con experiencias regionales.
Además, recoge relatos de familiares de presos políticos, víctimas, abogados y activistas. Estas personas han denunciado trabas sistemáticas, negativa a recibir denuncias, amenazas y ausencia de respuesta institucional.
Un defensor que viola los DD. HH.
El informe documenta que durante la gestión del actual defensor Alfredo Ruiz más de 1.100 personas han sido víctimas de tortura y al menos 40 han fallecido por esta causa, “sin que la Defensoría haya exigido sanción a los responsables".
“Esta inacción contrasta con la aprobación de la Ley contra la Tortura, en el año 2013, de la cual Alfredo Ruiz fue uno de sus promotores", apunta el escrito.
También refiere que la gestión de Alfredo Ruiz ha estado marcada por posibles casos de nepotismo y falta de transparencia.
“Su esposa, Laura Roldán, ejerce funciones directivas dentro de la misma institución", se lee en el informe.
En el estudio se compara el rol de Alfredo Ruiz con el de Jorge Santistevan de Noriega, quien ejerció como Defensor del Pueblo en Perú durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori en Perú.
“A pesar del contexto adverso, Santistevan se mantuvo independiente, denunció violaciones y fortaleció la legitimidad institucional, demostrando que es posible ejercer un rol contralor, incluso bajo autoritarismo", destaca el organismo al contrastar ambas gestiones.
En el escrito se recuerda que Alfredo Ruiz hizo su carrera denunciando abusos policiales, principalmente tortura y ejecuciones extrajudiciales, y denunciando abusos y corrupción policial, «»pero guardó silencio al asumir cargos públicos«.
“Alfredo Ruiz simboliza un caso emblemático de la transformación regresiva del defensor de derechos humanos al funcionario legitimador del abuso", remarca.
Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento hizo mención “a la represión ocurrida en el país durante los días 29 y 30 de julio". En ese punto denunció que “Ruiz no emitió ninguna declaración sobre las personas asesinadas en el contexto de manifestaciones".
«Tampoco opinó sobre las graves denuncias de fraude en la publicación de resultados, avalados por los observadores internacionales que habían sido invitados por las autoridades".
Un apéndice del poder político
El estudio también concluye que la Defensoría del Pueblo ha sido vaciada de contenido y significado y funciona como un apéndice del poder político.
“Su pasividad frente a graves crímenes constituye una forma de violencia institucional y podría derivar en responsabilidades penales o administrativas futuras", remarca.
El documento revela que existe una ruptura entre el mandato legal y la práctica institucional y que la cooptación política ha desnaturalizado la institución.
“La reconstrucción institucional es urgente. Recuperar una Defensoría del Pueblo autónoma, creíble y comprometida con las víctimas será clave en la reconstrucción democrática de Venezuela", cita el informe.
Para lograr este cambio, Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento plantea reformas legales, mecanismos de designación transparentes, profesionalización del personal y, sobre todo, una transformación ética del rol institucional".
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