Caracas.- “Mamá, ¿Y mi papá?", pregunta Juliett Roso, una niña de dos años que junto a su madre, Yuly Roso, recorre el cuarto de su abuelo Aldo, a quien cariñosamente llama “papá" y no ve desde hace cuatro meses porque está detenido.
Para aliviar la angustia de su hija, Yuly, quien también tiene un hijo de doce años, le dice que Aldo está de viaje. “Santiago lo entiende un poco más, él nota su ausencia más allá de ser cerradito al expresar sus sentimientos", explica la madre al contar la situación de su familia a El Pitazo, este 31 de octubre.
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Aldo, quien militó cuatro años en Un Nuevo Tiempo (UNT) y es coordinador general de Voluntad Popular (VP) en la parroquia El Valle, fue detenido el 4 de julio. Su hija cuenta que no ha sufrido maltrato, pero su salud sí empeoró. Tuvo subidas y bajadas de tensión que ha controlado con algunas pastillas. Además de ser hipertenso, se recrudeció una hernia inguinal que tenía. A sus 69 años, no ha sido atendido por un médico y sigue soportando el dolor.
Un arresto lleno de irregularidades
El 12 de julio, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció la orden de aprehensión. Dijo que la solicitud se realizó el día 9, pero el militante de VP había sido detenido 5 días antes de esta fecha. Saab lo acusó de poseer “material estratégico perteneciente a Corpoelec" que presuntamente sería usado en un “plan para generar zozobra" y “malestar político".
Yuly desmintió lo dicho por el fiscal, ya que su padre no ha estado involucrado en ninguna operación y no hay pruebas de los delitos que le imputan. Saab aseguró que hubo allanamientos en inmuebles de Caracas, Mérida y Táchira, algo que también fue refutado por la hija del detenido.
“Donde vivimos no han realizado ningún tipo de allanamiento. Tampoco se llevaron ningún material estratégico. Con un gobierno como el que tenemos se puede esperar de todo", declaró.
La detención de Aldo ocurrió al inicio de la campaña electoral del 28 de julio. Tras ser designado por VP coordinador de El Valle, se preparó junto a otros integrantes del partido para asistir a las concentraciones de la primera semana de julio.
Antes de salir, a una cuadra de donde vivía, uno de sus compañeros fue retenido por fuerzas de seguridad del Estado y él, preocupado, fue a ver qué ocurría. Al llegar a la cuadra, un funcionario se interpuso entre él y el transporte donde estaba su compañero. Le pidió su cédula de identidad y lo requisó. Tras ver su documento y su teléfono, procedió a detenerlo.
“El funcionario pidió refuerzos como si mi papá fuese un delincuente. Allí es cuando se lo llevan y empieza toda la travesía", recuerda Yuly. Ese 4 de julio, Aldo estuvo dos horas dentro de una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Coche. Luego fue trasladado a la División de Investigaciones Penales (DIP), ubicada en Maripérez, donde permaneció seis días hasta su presentación en un tribunal. Desde el 10 de julio, permanece en el Centro de Control de La Yaguara.
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Las acusaciones de la Fiscalía no recaen solo sobre Aldo, ya que en su caso está involucrada otra persona: Ricardo Albacete. Este empresario, también de tercera edad, fue arrestado 2 semanas después de haber alojado a la líder opositora, María Corina Machado, en su casa, en Táchira, entre el 27 y 28 de junio. Saab dijo que ambos recibieron financiamiento desde el exterior para “desestabilizar el país".
“Ellos ni se conocían. Se conocieron el día de la audiencia preliminar. Los metieron en una habitación y allí se quedaron. No sabían quién era quién", denuncia Yuly. En los primeros días de detención de su padre, ella no sabía nada. Ante la falta de información por parte de los funcionarios, recurrió a un abogado para velar por sus derechos.
Casi una semana después de estar privado de libertad, Aldo seguía sin ser presentado en un tribunal. El defensor privado introdujo un recurso que obligó a los funcionarios a llevarlo ante un juez. Su hija reclamó que “eso lo tenían que haber hecho máximo a las 72 horas de haberlo aprehendido y no fue así".
Vocación política y social
La labor de Aldo en El Valle ha ido más allá de su actividad política. Como Juliett y Santiago, los niños de la academia donde era entrenador de fútbol sala, lo recuerdan. Si bien Yuly intentó decirles que estaba de viaje, los menores de edad se dieron cuenta y entendieron la situación.
“Ellos vieron pasar una vez a una camioneta forense (de la PNB) y salieron de la cancha a gritar: ‘¡Por favor suelten al profe! ¡No sean malos!’", recuerda.
Aldo se encargaba de entrenar a una categoría menor a la de su nieto, quien aún juega fútbol en la academia. “A Santiago lo afecta porque era quien lo acompañaba a los juegos, lo llevaba a la escuela… Uno trata de llevar el día a día, de explicarles", relata la madre sobre cómo ha gestionado la situación con sus hijos.
Para Yuly es incomprensible que su padre, quien ha estado involucrado en actividades recreativas para niños de la comunidad, haya sido detenido y acusado por delitos de asociación para delinquir, conspiración y terrorismo. “¿En qué cabeza cabe que un terrorista trabajaría con menores de edad?", se pregunta.
En medio del dolor de su familia, Aldo también padece de una hernia inguinal que ha empeorado ante la poca movilidad que tiene y la falta de atención médica. Pese a la adversidad que está viviendo, mantiene la frente en alto, se aferra a sus convicciones y al recuerdo de sus seres queridos para sostenerse.
“No está allí por algo malo, está allí por pensar diferente, por luchar por la libertad de los venezolanos. Es un luchador como todos los detenidos injustamente", afirma su hija.
La visita en el centro de detención de La Yaguara dura entre 20 y 30 minutos, por eso Yuly se planifica para aprovecharlos al máximo y darle todo lo que pueda hasta el próximo encuentro. En ese período limitado le entrega comida, medicinas y le pregunta cómo se encuentra.
En el centro no hay un límite de visitas por día. En ocasiones, la situación de salud de su padre le demanda ir dos o tres veces a la semana para atenderlo, saber si le sirvieron las pastillas y calmantes, o si hay que darle otro analgésico en la siguiente visita. “Siempre hay que estar en constante monitoreo porque su salud se agravó", explica.
Resiliencia familiar
La familia del coordinador de VP está intrigada por dos razones: no ha sido respondida su solicitud de traslado a un hospital ni se ha fijado una fecha para iniciar su juicio. Yuly prevé que la petición para la atención médica sea contestada este mes, porque está en una lista de espera, pero sabe que el juicio será para el próximo año.
“Estamos preparados porque sabemos que pasará la Navidad allí dentro", revela. Debido a los delitos que se le imputan y ante otros casos de presos políticos similares al de su papá, dijo que las autoridades esperan el 2025 para anunciar una fecha aproximada, sin saber cuándo exactamente.
Pese a esa incertidumbre, ella no se detiene. Ha estado en el tribunal donde fue presentado su expediente y buscado información que pueda ayudar a Aldo. Si bien tiene un defensor privado, también está en contacto con el abogado público asignado por el Estado, quien estuvo en la primera audiencia y, hasta ahora, no le ha dicho qué más debe hacer. No obstante, ella sigue recopilando todo para preparar la defensa.
El círculo cercano de Aldo se siente devastado, pero mantiene presente al padre y entrenador. Los niños de la academia de fútbol sala lo recuerdan con cariño y esperan que vuelva para entrenarlos. Mientras, la familia Roso sigue haciendo todos sus esfuerzos para que sea liberado y se repita una escena que era parte de su rutina: el abrazo de Juliett a su abuelo cuando volvía a casa después de trabajar.
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