Marbelis Peña, madre del sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Miguel Eduardo Ramos Peña (27 años), denunció la condena de su hijo y exigió una revisión exhaustiva de su caso. El militar se encuentra recluido en la cárcel de Yare, en Miranda, luego de quedar excluido de las medidas de excarcelación que beneficiaron a otros ocho detenidos por la misma causa el pasado 19 de agosto.
En una declaración marcada por las lágrimas y la impotencia, Peña relató cómo su hijo terminó tras las rejas bajo acusaciones de presunto tráfico de combustible, un delito del cual asegura es inocente.
El sargento se desempeñaba como la «mano derecha» del entonces comandante y hoy coronel, Andrés Ochoa, en el destacamento de la GNB ubicado en el centro penitenciario de El Rodeo.
Una «entrevista» que terminó en arresto
Los hechos se desencadenaron la noche del 24 de noviembre de 2024, cuando una comisión liderada por el coronel Granko Arteaga se presentó al destacamento militar buscando al comandante Ochoa.
Según la denuncia de Marbelis Peña, ante la ausencia o resguardo del superior, Ramos Peña y la funcionaria más antigua del comando salieron a dar la cara.
Bajo el engaño de que los acompañaran a una supuesta «entrevista» y tras solicitarles la entrega de sus teléfonos celulares, ambos efectivos fueron trasladados a la sede de El Helicoide, en Caracas, donde les notificaron que quedaban bajo arresto.
Al día siguiente, Marbelis Peña viajó desde Maracay para encarar al comandante Ochoa. Tras insistir firmemente y negarse a retirar del recinto, logró que la recibiera. Sin embargo, la respuesta del jefe militar fue evasiva. «Se hizo el loco y se fue por la tangente, diciendo que no sabía nada y que a lo mejor mi hijo había cometido un error», explicó la madre.
Posteriormente, otros guardias del comando le revelaron a Peña detalles sospechosos, como inusuales permisos de dos meses que el comandante le otorgaba al sargento.
«Fue un montaje para que el comandante ascendiera. Él quería salir de ese comando porque ya tenía un rango superior y le dijeron que para seguir escalando y ascender tenía que meter presos a varios guardias«, aseveró.
De igual forma, denunció un trato diferenciado por parte del superior, quien le colocó un abogado privado a la funcionaria detenida por temor a que esta se defendiera, mientras subestimaba al sargento por ser más dócil.
«Yo mandé a mi hijo para la guardia para que le sirviera al país y ese comandante le dañó su vida«, reiteró entre lágrimas en entrevista concedida a El Pitazo este 21 de agosto.
Exclusiones y una condena sin defensa
La causa judicial involucraba originalmente a diez personas. El pasado 19 de agosto, ocho de los procesados fueron excarcelados del penal de Yare. No obstante, el sargento Ramos Peña y la funcionaria de mayor rango quedaron tras las rejas, a pesar de que el propio comandante le había admitido previamente a la madre que el sargento no se movía del recinto sin su autorización expresa, limitándose a labores domésticas, preparación de alimentos y cuidado de sus mascotas.
Tras un prolongado retardo procesal por la falta de un juez, el caso se activó recientemente. La madre denunció que la noche del pasado miércoles se celebró la última audiencia de juicio a escondidas. La sesión se realizó en El Rodeo y no en Yare —donde permanece el sargento—, impidiendo que los abogados defensores se enteraran o asistieran.
En este acto, que la denunciante consideró clandestino, el sargento Ramos Peña y la otra funcionaria fueron condenados utilizando supuestas pruebas que, según afirma la familia, jamás constaron en el expediente original. Ante este escenario de indefensión, Marbelis Peña clama a las autoridades competentes justicia y una revisión transparente del proceso penal.