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sábado, 22 abril, 2023

Tarek William Saab asegura que Leoner Azuaje se suicidó con unas sábanas

El fiscal informó el jueves, 20 de abril, la apertura de una investigación sobre el suicidio de Azuaje Urrea, quien fue detenido esta semana por funcionarios de la Policía Nacional contra la Corrupción

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Caracas.- Una investigación realizada por el Ministerio Público (MP) de Venezuela confirmó que Leoner Azuaje Urrea, uno de los 61 detenidos en el último mes por supuesta corrupción, se suicidó en la celda donde estaba recluido.

La información la suministró el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario indicó que los resultados de la autopsia revelaron que se trató de un ahorcamiento con sábanas.

«Experticias hechas por la Unidad Criminalística del Ministerio Público en el lugar de los hechos determinan que el ciudadano se suspendió usando sábanas para ahorcarse en la habitación donde estaba recluido», publicó el fiscal.

Además, señaló que se hallaron varias cartas dirigidas a su familia en las que menciona la decisión y asume el error cometido.

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Saab agregó que los fiscales designados para este caso han realizado múltiples entrevistas, entre ellas a un psicólogo y al compañero de celda.

El fiscal informó el jueves, 20 de abril, la apertura de una investigación sobre el suicidio de Azuaje Urrea, quien fue detenido esta semana por presunta corrupción en Cartones de Venezuela, donde ocupó la presidencia, y presentado la madrugada del miércoles 19 en un tribunal especial.

Saab también ordenó a la Unidad Criminalística del Ministerio Público que, junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adelantara todo lo relacionado con la inspección técnica, entrevistas y autopsia.

El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, pidió este viernes 21 que se acelerara la investigación, así como extremar las medidas de supervisión en los centros de detención. «El Estado y, especialmente, los organismos de seguridad deben proteger la vida, integridad, salud y seguridad de las personas privadas de libertad como derecho consagrado en la Constitución».

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