Caracas.- Los directivos del Grupo Editorial Matul, casa editora de los diarios La Voz y La Región, acudieron a la Mesa Nacional de Diálogo para solicitar la reapertura de las sedes de ambos periódicos y la revisión de las medidas administrativas y judiciales que mantienen clausuradas sus operaciones desde octubre de 2024.
La comisión estuvo encabezada por el fundador y editor del grupo, José Materán, acompañado por los directivos Emilio Materán y Tonny Materán. Los representantes consignaron el expediente ante el diputado de la Asamblea Nacional de 2015, Ramón López, quien estuvo acompañado por el también diputado Ismael León.
Según el informe entregado, en octubre de 2024 funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) realizaron un operativo que culminó con la clausura y colocación de sellos en las sedes operativas del grupo editorial.
La empresa señala que el organismo tributario exigió la presentación de tres años de declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), junto con sus respectivos soportes físicos. Sin embargo, sostiene que la clausura de las instalaciones impidió a la empresa acceder a los archivos contables necesarios para presentar esa documentación.
El informe también señala que fueron aplicadas medidas cautelares contra Grupo Editorial Matul 1999 C.A. y sus accionistas, entre ellas la prohibición de enajenar y gravar bienes, embargo preventivo, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y tarjetas, prohibición de salida del país y prohibición de zarpe.
Los directivos aseguran que el embargo operativo continúa vigente, mientras las cuentas bancarias permanecen bloqueadas y la empresa no ha podido ingresar a sus instalaciones para obtener los documentos que requiere el Seniat para comprobar su situación tributaria.
Más de 350 personas afectadas
La clausura también tuvo consecuencias laborales y económicas, de acuerdo con el balance presentado por el Grupo Editorial Matul. La empresa afirma que más de 50 trabajadores directos perdieron sus empleos y beneficios laborales, mientras que más de 300 familias de pregoneros y quiosqueros vinculados con la distribución de los periódicos también resultaron afectadas.
El expediente registra además el fallecimiento del prensista Fernando López, de 70 años, quien murió a causa de un infarto fulminante. Familiares y compañeros atribuyeron el deceso al estrés provocado por la pérdida de su fuente de ingresos y las dificultades para reincorporarse al mercado laboral a su edad.
Ante la delegación parlamentaria, los representantes del grupo solicitaron que el caso de La Voz y La Región sea incorporado formalmente a la agenda de la mesa dedicada a libertades y garantías políticas, civiles y de libertad de expresión.
También pidieron el levantamiento de la clausura, el acceso a los archivos de las sedes para recopilar los soportes tributarios, el levantamiento de las medidas cautelares contra la empresa y sus accionistas, así como la restitución de las condiciones procesales que les permitan ejercer su derecho a la defensa y presentar pruebas sobre su cumplimiento tributario.