Caracas.- La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos inició este miércoles, 15 de julio, una audiencia para analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela, en la que representantes de organizaciones de la sociedad civil denunciaron que aún permanecen 598 personas detenidas por razones políticas y plantearon una serie de medidas para avanzar hacia una transición democrática.
La audiencia, titulada Human Rights in Venezuela: Status and Opportunity, fue presidida por los congresistas James P. McGovern, demócrata por Massachusetts, y Chris Smith, republicano por Nueva Jersey. En la sesión participan representantes de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y la Heritage Foundation.
En la audiencia se destacó que la crisis de derechos humanos en Venezuela no puede analizarse de forma aislada del contexto político y humanitario que vive el país. Los participantes coincidieron en que la transición abierta tras la captura de Nicolás Maduro y la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio plantean nuevos desafíos para la protección de los derechos fundamentales y la reconstrucción institucional.
A su vez, se expresaron críticas a la estrategia de la administración estadounidense hacia Venezuela. Algunos participantes advirtieron que se estaría priorizando la negociación de acuerdos económicos y petroleros sobre el restablecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos, y cuestionaron lo que calificaron como una búsqueda de estabilidad «cosmética» mediante acuerdos con figuras del actual poder en Venezuela.
Aún hay presos políticos
La directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, no asistió de manera presencial, pero envió un mensaje grabado en el que reconoció que durante 2026 se han registrado avances, como la excarcelación de un número importante de presos políticos y la promulgación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, advirtió que aún persisten desafíos relacionados con la transparencia.
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Según explicó, las listas oficiales de las personas beneficiadas con las excarcelaciones no han sido entregadas a organismos internacionales ni a las organizaciones de derechos humanos, por lo que los anuncios oficiales no pueden verificarse de forma independiente.
Tineo indicó que su organización ha documentado la excarcelación de 795 presos políticos, aunque aclaró que solo una minoría obtuvo libertad plena mediante la aplicación de la Ley de Amnistía. La mayoría permanece bajo medidas cautelares y continúa enfrentando procesos judiciales que, aseguró, vulneran las garantías del debido proceso.
Asimismo, informó que Justicia, Encuentro y Perdón mantiene un registro de 518 personas privadas de libertad por motivos políticos e insistió en la necesidad de lograr la liberación de todos los presos políticos, tanto civiles como militares. También pidió derogar las normas que, a su juicio, restringen el espacio cívico y facilitan violaciones de derechos humanos, además de desmantelar el aparato represivo del Estado.
Actualmente, hay un registro 23 extranjeros y 25 personas con doble nacionalidad detenidas por razones políticas. Además, se denunció que al menos 38 presos padecen enfermedades crónicas graves y que más de 20 superan los 70 años de edad.
La reconstrucción también debe ser institucional
Durante la audiencia, la directora ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges, afirmó que Venezuela enfrenta simultáneamente las consecuencias de un desastre institucional y de la emergencia provocada por el terremoto del 24 de junio. A su juicio, aunque ambos hechos tienen orígenes distintos, dejaron al descubierto la falta de instituciones capaces de proteger a la población.
Borges sostuvo que la reconstrucción del país no debe limitarse a la infraestructura, sino que también debe sentar las bases para una transición democrática. En ese sentido, pidió proteger a la sociedad civil, colocar a las víctimas en el centro de las políticas públicas, dimensionar los problemas con base en evidencia y garantizar una participación significativa de los ciudadanos en el futuro del país. Fuera de su declaración preparada, aseguró que Venezuela atraviesa «un momento vital para el futuro de la democracia».
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El terremoto agravó una crisis preexistente
Por su parte, la directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Laura Cristina Dib, advirtió que la crisis humanitaria ya era profunda antes del terremoto. Recordó que, según estimaciones de Naciones Unidas, 7,2 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria y que el plan de respuesta solo había recibido el 23 % del financiamiento requerido.
La representante de WOLA señaló que los terremotos agravaron las deficiencias acumuladas durante años, al afectar hospitales y evidenciar la limitada capacidad de respuesta de las instituciones públicas. De igual modo, destacó que fueron organizaciones independientes y ciudadanos quienes asumieron gran parte de las labores de asistencia.
Dib afirmó que la emergencia demostró la necesidad de recuperar el Estado de derecho y contar con instituciones capaces de proteger a la población. Además, pidió al Congreso de Estados Unidos respaldar a la sociedad civil venezolana y apoyar iniciativas que contribuyan al restablecimiento de la libertad de prensa y del espacio cívico.
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Asimismo, denunció que durante la emergencia se registraron cobros ilegales de entre 400 y 500 dólares en morgues públicas para permitir que familiares recuperaran los cuerpos de víctimas del terremoto.
En materia económica, señaló que bloquear la inversión petrolera no representa una solución para Venezuela, pero insistió en que cualquier actividad económica debe estar acompañada de mecanismos de transparencia y garantías para que los recursos lleguen a la población y no se concentren en sectores vinculados a la corrupción.
Patrón de represión
Entretanto, la abogada sénior para América Latina del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, Isabel Carlota Roby, aseguró que las violaciones de derechos humanos en Venezuela responden a un patrón sostenido de persecución política. Señaló que prácticas como la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas han sido utilizadas para neutralizar a la disidencia y consolidar el poder.
Como ejemplo, mencionó lo ocurrido tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando, según dijo, organismos de seguridad del Estado y grupos de civiles armados, conocidos como colectivos, participaron en la represión de las protestas.
Roby afirmó que en ese contexto fueron asesinadas al menos 25 personas, miles fueron detenidas y las desapariciones forzadas se utilizaron de forma sistemática como un mecanismo para sembrar miedo entre la población. Agregó que estas conclusiones forman parte del informe publicado por la organización en 2025, en el que se documenta el uso de las desapariciones forzadas como herramienta de represión en Venezuela.