El inicio del desbloqueo de medios de comunicación digitales independientes en Venezuela ha sido una larga batalla de periodistas, gremios, organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y los propios portales web que durante casi una década han venido denunciando esta práctica iniciada por la gestión del depuesto Nicolás Maduro en el año 2017.
Su captura y detención, junto con Cilia Flores el pasado 3 de enero, ha reconfigurado las relaciones del poder en el país que intenta abrirse paso hacia una normalización, una pequeña apertura de libertades, pero es un camino incipiente del que aún falta un trecho largo por recorrer.
Desde el pasado mes de marzo, organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), ONG y directores de medios comenzaron a participar en el llamado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, anunciado por la encargada del poder en el país, Delcy Rodríguez, poco después de la extracción de Maduro y Flores.
El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, confirmó a El Pitazo que pese a las críticas de algunos sectores, esa organización y otras más se mantuvieron en esa convocatoria del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Ante sus representantes presentaron exigencias sobre la necesidad de desbloquear el ecosistema de medios digitales en el país.
La petición que Delcy Rodríguez sólo oyó
Además, en mayo, sostuvieron una reunión directa con Delcy Rodríguez. «En esa oportunidad le entregamos una comunicación en la que hicimos una enumeración de medidas que podían y debían ser adoptadas de forma urgente para que digamos pudiesen realmente ser restituidas las condiciones que permitieran un ejercicio del periodismo verdaderamente libre, plural, sin censura, sin miedo», explicó Ruiz.
Esa misma información la ratificó la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, Del Valle Canelón, quien añadió que a la misma Rodríguez le pidieron que dirigiese un mensaje al país en el que resaltara el papel de los periodistas y los medios de comunicación, así como cesar el lenguaje estigmatizante de los funcionarios públicos en sus distintos niveles contra la prensa.

«Le sugerimos a la presidenta encargada que se abra un compás donde se convoquen reuniones periódicas y ruedas de prensa con los periodistas, acercamientos tanto privados como públicos, porque en este nuevo momento que está viviendo Venezuela es mucha la información que se necesita para que los ciudadanos estén debidamente informados… al día de hoy que estamos en el mes nueve desde el 3 de enero, todavía ese mensaje no ha llegado por ninguna vía», lamentó la representante gremial.
Medios, periodistas y ONG exigen desmontar el aparato de censura en Venezuela
Una petición que Conatel siempre ignoró
Antes de esa reunión, el 12 de marzo, varias organizaciones no gubernamentales como Conexión Segura, Ipys Venezuela y Espacio Público, junto al SNTP, entregaron una petición ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) donde le pedían el levantamiento de los bloqueos.
Según la iniciativa VE Sin Filtro, encargada de monitorear las restricciones en Internet en el país, tras el cese de la censura a 9 medios, a las 12:45 a.m. de este 17 de septiembre, hay 188 dominios bloqueados en Venezuela. De ellos, 79 son dominios de noticias y 57 sitios de noticias. A esa hora el desbloqueo alcanza a 16 medios de comunicación.
El director de Conexión Segura, Andrés Azpúrua, dijo en esa fecha que exigían al nuevo director de Conatel que cesaran los bloqueos en Internet. «Estas medidas son violatorias de los derechos humanos y afectan a todos los venezolanos», reiteró el activista antes de entregar el documento.
Posteriormente, Conexión Segura denunció que pese a la petición no hubo respuesta cuando transcurrió el tiempo para que por norma legal se diera un pronunciamiento, el 20 de abril pasado.

Canelón aseguró que tal como se había denunciado, sólo bastaba una orden para que se permitiera el libre acceso a portales de noticias en el país.
«Estas medidas tomadas por el Ejecutivo demuestran que el gobierno siempre ha tenido en sus manos la potestad de bloquear y desbloquear los medios. Esta es una medida que no puede ser selectiva, caprichosa, tomada por un funcionario, sino que se debe garantizar en el tiempo».
La necesidad se hizo más patente cuando se instaló la mesa de diálogo entre el chavismo y delegados de la Asamblea Nacional de 2015 en agosto pasado. Tras el primer ciclo de conversaciones, los exdiputados opositores informaron a finales de agosto que en el segundo ciclo de conversaciones, que se iniciará este 17 de septiembre, uno de los puntos a tratar era la libertad de expresión y los medios de comunicación.

El trabajo de incidencia con la AN de 2015
Marco Ruiz dijo que hace unas tres semanas se reunieron en una especie de mesa de trabajo con esta delegación para presentar la documentación necesaria, la agenda de temas y el orden de prioridades sobre las medidas necesarias para garantizar la restitución de los derechos a la libre expresión e información.
«La delegación (de la AN 2015) había anunciado reiteradamente en los últimos días y se había preparado para ello, había compartido su agenda que el tema de la libertad de expresión y en particular el desbloqueo de medios, la Ley contra el Odio, la libertad plena de periodistas judicializados, renovación de concesiones para estaciones de radio, entre otros, que iba a estar en este segundo ciclo de negociaciones», precisó Ruiz a El Pitazo.
Agregó que por ello participaron en varias reuniones de trabajo en las que «se sistematizaron cada una de las acciones que debían formar parte de esa agenda y se hizo incluso una priorización de cuáles deberían ocurrir en el corto plazo, de manera inmediata, cuáles en el mediano y cuáles en el futuro o en el plazo más lejano, de lo más urgente a lo menos urgente, siendo todo importante».
La coordinadora de Libertades Informativas de la ONG Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela), Daniela Alvarado, dijo a este medio que aunque destacaban este inicio, no podía celebrarse sino verse como la restitución de garantías ampliamente vulneradas durante años por el chavismo.

Bloqueos digitales a medios desde 2017
En este contexto Alvarado remarcó: «Hemos documentado la censura en internet en Venezuela desde hace más de cinco años y, desde entonces, insistimos reiteradamente el cese de los bloqueos a medios y plataformas informativas, así como transparencia sobre las órdenes y mecanismos utilizados para restringir contenidos en internet. El hecho de que ahora Conatel instruya a los proveedores de internet a habilitar estos dominios también confirma la necesidad de esclarecer cómo y bajo qué criterios se aplicaron estas restricciones durante todos estos años».
La propia Conatel admitió que era el censor. «A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos», dijeron este 17 de septiembre al asegurar que cumplían instrucciones de Miraflores.
Alvarado recordó que desde el año 2018 han documentado los bloqueos de sitios de noticias, que se ejecutan desde los principales proveedores de Internet, tanto públicos como privados, por órdenes de Conatel. «No fue un hecho aislado, no fueron restricciones de conectividad o dificultades técnicas, era claramente una orden de censura para que estos proveedores censuraran los portales de noticias de medios independientes en Venezuela», explicó.
En su opinión «el levantamiento de algunos bloqueos es un paso necesario, pero debe extenderse a todos los medios y plataformas que continúan restringidos y estar acompañado de garantías que impidan que el acceso a la información vuelva a depender de decisiones discrecionales de las autoridades».
Como parte de los esfuerzos, Marco Ruiz dijo que ante la mesa de diálogo comenzaron labores de incidencia con la delegación de la AN de 2015 para avanzar en la eliminación de las restricciones.
Aún falta que los proveedores de Internet, de forma pública y transparente, den a conocer las órdenes que recibieron de Conatel, cuál era la justificación y bajo qué presiones estuvieron para vulnerar derechos humanos fundamentales de la población venezolana.
«Debemos insistir en el seguimiento de que el levantamiento de estos bloqueos se ejecute en todos los medios y portales informativos afectados. Algunos continúan restringidos y que no solo se trata de desbloquearlos, esta medida debe estar acompañada de garantías claras de no repetición, porque de lo contrario seguiremos en esta práctica de que el Estado decide discrecionalmente qué información puede circular o no, serían actuaciones que no pasan por el debido proceso y la transparencia del por qué esas decisiones se tomaron», advirtió Alvarado.
La representante de Ipys-Venezuela también dijo que no se puede perder el foco de la responsabilidad de los proveedores de internet con sus usuarios al impedirle el ejercicio de sus derechos.
«Creo que muchas veces se les ha presentado únicamente como receptores o ejecutores de decisiones de Conatel, pero eso no debería eximirlos de rendir cuentas sobre su propia actuación. Incluso cuando las restricciones responden a órdenes estatales, es importante preguntarse qué hicieron los proveedores frente a ellas y con qué fundamento las aplicaron», expresó.


