Mientras en Venezuela una mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo alcanzó el pasado 12 de agosto los primeros acuerdos que buscan la reinstitucionalización del país, en Estados Unidos, después del 3 de enero, las empresas de cabildeo se han movido con mayor fuerza para pujar por intereses de políticos, instituciones y tenedores de bonos.
Recientemente, el analista político y presidente de la firma Poder y Estrategia, Ricardo Ríos, dijo en un post de X, antes Twitter, que era más fácil un susurro en los oídos de Donald Trump y Marco Rubio que tener todos los pozos petroleros del lago de Maracaibo, debido a cómo se mueven estos lobistas para influir en Washington sobre las acciones a tomar en el país tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
En Estados Unidos estas empresas son legales, cobran por servicios prestados y trabajan para el objetivo de sus clientes, siempre y cuando se registren en el FARA, acrónimo en inglés de Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Foreign Agents Registration Act), tan antigua que se aprobó en 1938 para que todos aquellos que hagan trabajo político o de influencia en ese país lo hagan público.
Así se ha conocido que políticos y empresarios venezolanos, al menos desde 2017 han contratado este tipo de servicios para influir, que se escuchen sus propuestas e incluso aquellos investigados por la justicia estadounidense intentar salir del radar del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés).
Ríos, consultado por El Pitazo, señaló que estas empresas funcionan como articuladores ante quienes toman las decisiones en Estados Unidos, incluso más allá del papel oficial desempeñado por el Departamento de Estado o la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), que por su naturaleza deben manejar la mayor cantidad de información sobre los países.
“Están muy vinculadas porque están enlazadas con esas instituciones (Departamento de Estado y la CIA), con las empresas de cabildeo que son conocidas allá y cada partido tiene las suyas, hay algunas nuevas que hay que tener en el radar, son empresas pequeñas, pero de mucha influencia en el caso de Venezuela", explicó el analista.
Un excongresista condenado por cabildeo sin registro
Incluso un excongresista y su asistente fueron condenados en Estados Unidos este año por cumplir estas funciones para Pdvsa-Citgo y el gobierno de Nicolás Maduro, servicio por el que cobraron 50 millones de dólares pero no se registraron en el FARA.
Este martes 18 de agosto, a Nuhfer la condenaron a 5 años de cárcel tras la sentencia de un tribunal del condado Miami-Dade, Florida. Ella es una consultora política que, según las investigaciones, ejerció labores de cabildeo a favor de Maduro y el caso de Citgo durante la primera gestión de Donald Trump como presidente
En este caso, jugó un papel crucial la ahora encargada de la administración en Venezuela, Delcy Rodríguez, quien en 2017 contactó a David Rivera, entonces congresista republicano por Miami, cuando era ella la canciller del país.
Tanto Rivera como Nuhfer intentaron influir en Marco Rubio, entonces senador republicano por Florida y el congresista texano Pete Sessions, para intentar acercar al gobierno de Trump al líder chavista, ya bajo señalamientos internacionales por graves violaciones a los derechos humanos de la población civil en el país por la dura represión ejercida desde el año 2014 por las protestas antigubernamentales que comenzaron un año después de iniciar su primer mandato.
Rivera tuvo como enlace con el chavismo al empresario y dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, investigado por la justicia estadounidense de la que es prófugo, que lo acusó por sobornar a funcionarios del gobierno venezolano.
Durante el juicio, los abogados de Rivera y Nuhfer alegaron que actuaron de buena fe por un contrato de 3 meses y 50 millones de dólares. Su objetivo: intentar que la petrolera ExxonMobbil volviera a Venezuela.
Hubo hasta reuniones secretas en Caracas con Maduro y sus funcionarios, así como intentos de que Delcy Rodríguez se reuniera con un alto ejecutivo de Exxon, pero el plan fracasó tras las sanciones de Trump contra el entonces presidente venezolano.
Cabildeo sobre Venezuela se incrementa
Después del 3 de enero, las empresas de cabildeo han tenido un papel fundamental. Van desde las petroleras que buscan hacer negocios en el país hasta los políticos que quieren tener una mayor visibilidad de sus posiciones sobre la decisión estadounidense de capturar a Maduro y Flores, así como el hecho de que dejó a Delcy Rodríguez al frente de Miraflores.
Una de las grandes empresas de cabildeo en Estados Unidos, Ballard Partners, abrió oficinas en Caracas en julio pasado, según el reporte de la agencia Reuters. Esa empresa tiene múltiples intereses y clientes con intereses directos en Venezuela. En el FARA Uno de los registros actuales de clientes es Meil Global Holdings B.V., para la cual Brian Ballard y Jasmine Zaki declararon que hacen trabajo de “strategic consulting and advocacy".
En la oposición
Por ejemplo, el equipo de prensa del dirigente político zuliano Juan Pablo Guanipa confirmó que entre junio de 22025 y este año una empresa de cabildeo trabajó “pro bono" para exponer ante Estados Unidos su situación después de que lo apresaran y mantuvieran encarcelado por varios meses.
Lo hizo DCI Group AZ que definió su trabajo como “difusión sobre su encarcelamiento, comunicaciones dirigidas a legisladores y opinión pública estadounidense", una labor de operaciones públicas.
En el FARA también aparecen dos empresas que hacen cabildeo a favor de la líder opositora María Corina Machado. El Pitazo consultó a su equipo de prensa, pero no obtuvo respuestas para confirmarlo.
Una de esas es RP&B Consulting, que en junio pasado se registró para prestar “servicios de comunicación estratégica en Estados Unidos relacionados con la relación Washington–Venezuela". Esta, como en el caso de Guanipa, lo hace probono; es decir gratuito. Además aparece Rogers Law Group.
Si se trata del negocio petrolero Hogan Lovells Cadwalader se registra en una operación de “reestructuración de deuda de PDVSA y contactos con gobierno de EE. UU. Norman Coleman está entre los profesionales registrados".
Esta aparece igualmente como cabildera del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, igualmente en una labor para hablar sobre la reestructuración de la deuda del país.
También las hay para la llamada Pdvsa-Ad HOC, que designó la Asamblea Nacional de 2015 con la presidencia interina de Juan Guaidó. Entre ellas está Rubin Turnbull & Associates.
Otros personajes contrataron cabilderas
Otros personajes públicos venezolanos, desde al menos 2017, han contratado firmas de cabildeo. Entre ellos está Raúl Gorrín, relacionado con el excongresista acusado David Rivera, entre los años 2019 y 2020; Armando Capriles que buscaba evitar alguna sanción de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).
Entre 2019 y 2026 para Juan Guaidó y Pdvsa AD Hoc, como aparece en el FARA, lo hicieron diversas firmas como Vision Americas, The Cormac Group, Willkie Farr, Klein/Johnson, The Daschle Group. Se hizo para la protección de Citgo, acreedores de Pdvsa, licencias de la OFAC, litigios y contactos en el Congreso de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro.
Al igual, Reinaldo Muñoz Pedraza en representación del gobierno de Nicolás Maduro en el año 2020. Se le pagaron 12,5 millones de dólares para “servicios legales y gestiones relacionadas con sanciones y autoridades estadounidenses". Este nombre también figura, en 2020, para labores destinadas a la eliminación de las sanciones de la OFAC.
Ríos no duda de que en el caso del cuestionado empresario Alejandro Betancourt, relacionado con el desfalco a Venezuela por la emergencia eléctrica de hace más de una década, tenga cabilderos a su favor por el papel que está desempeñando en el actual contexto y cómo sus empresas han entrado al negocio petrolero bajo la administración de Delcy Rodríguez.
“Cómo se puede explicar la influencia y el beneficio que está teniendo Alejandro Betancourt, siendo quién es, conociéndose su trayectoria en Venezuela, todo lo que significó y significa la crisis eléctrica, cómo es posible que sea uno de los principales beneficiarios del sector petrolero de toda esta coyuntura. Quizá allí la única o una de las principales explicaciones está en las empresas de cabildeo", manifestó a El Pitazo.
El pasado mes de junio, el medio estadounidense Político reveló en un reportaje cómo se gestó desde Estados Unidos una operación de influencia que estaba destinada a suavizar la imagen de Nicolás Maduro tras la llegada de Trump nuevamente al poder.
Uno de los involucrados fue Harry Sargeant III, empresario del sector petrolero que extraía crudo venezolano hasta que la Casa Blanca recientemente sancionó a su empresa y la execreó de la comercialización de este mineral.
Para ello reclutó un equipo para incidir en Trump a través de su enviado especial para Venezuela y Corea del Norte, Richard Grenell, en una batalla en la que buscaba posicionarlo a él frente al secretario de Estado, Marco Rubio, y Mauricio Claver-Carone, labor que finalmente no logró.