Caracas.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) remitió el caso de Fernando Albán a la Corte Interamericana, luego de concluir que el Estado venezolano no investigó su muerte ni sancionó a los responsables.
La información fue compartida en X por el partido opositor Primero Justicia (PJ), en el que militaba Albán. Además explicó que la Corte Interamericana se encargará de evaluar la responsabilidad internacional del Estado Venezolano y las violaciones de derechos humanos cometidas contra el concejal del municipio Libertador.
Caso de Fernando Albán
Fernando Albán fue detenido el 5 de octubre de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando llegaba al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. De acuerdo a PJ, estuvo desaparecido por más de 20 horas y, según la Cidh fue presionado para incriminar a otros dirigentes opositores.
El Ministerio Público, en ese momento dirigido por Tarek William Saab, informó que Albán era investigado por su presunta vinculación con el supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de ese mismo año.
El 8 de octubre, apenas tres días después de su detención, Albán debía ser presentado en tribunales; sin embargo, Tarek Saab informó en una transmisión de Venezolana de Televisión que el dirigente opositor había muerto luego de, según la versión oficial inicial, pedir ir al baño y lanzarse desde el décimo piso desde el edificio sede del Sebin en Plaza Venezuela, Caracas.
La oposición denunció desde ese momento que se trataba de un asesinato mientras estaba bajo custodia del Sebin y la Cidh concluyó que el Estado no explicó de forma verificable lo ocurrido, por lo que calificó los hechos como una ejecución extrajudicial.
En una rueda de prensa llevada a cabo el 1 de mayo de 2021, el fiscal general informó que la investigación del Ministerio Público determinó que Fernando Albán no se suicidó, sino que fue víctima de un homicidio cometido por sus custodios. Por ello, la Fiscalía solicitó la nulidad de actuaciones previas y el caso regresó a fase de investigación.
Luego, el 15 de diciembre de 2021, Saab anunció la condena de dos funcionarios del Sebin por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento, favorecimiento de fuga agravada. Fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión.
La Cidh concluyó que en el caso persiste la impunidad, por lo que la Corte Interamericana evaluará la responsabilidad internacional del Estado venezolano y las violaciones de derechos humanos cometidas contra Fernando Albán y su familia.