Organizaciones y activistas de derechos humanos rechazaron el anuncio del canciller de Delcy Rodríguez, Félix Plasencia, de que Venezuela abandonara la Corte Penal Internacional (CPI).
Desde el año 2018 inició un proceso por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por la gestión de Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos, que pasó a su etapa de investigación en noviembre de 2021, pese a los intentos del chavismo por impedir el avance del litigio.
El Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) recordó que pese a iniciar el proceso formal, los crímenes que se cometan desde la notificación al secretario general de la ONU podrán ser investigados; es decir, durante un año más.
«La denuncia del Estatuto solo entra en vigencia un año después de formalizarse ante la ONU. El artículo 127.2 del Estatuto señala que un Estado no queda eximido, por su retirada, de las obligaciones que tenía como parte, incluidas las financieras», destacaron. Incluso, dijeron que la administración actual adeuda 14 millones de euros a la CPI, ya que los estados miembros son los que financian a la CPI y toda su estructura.
Al manifestar su rechazo a esta medida, explicaron que el proceso contra el chavismo continuará como lo fija el mismo Estatuto de Roma. Además, detallaron que esta retirada «no afectará la cooperación con la Corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales respecto de los cuales el Estado que se retira tenía el deber de cooperar y que se iniciaron con anterioridad a la fecha en que la retirada surtió efecto».
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón afirmó que «esta decisión representa un hecho profundamente lamentable y un doloroso retroceso en materia de derechos humanos y rendición de cuentas. Es necesario recordar que Venezuela formó parte del grupo de Estados impulsores que redactó y promovió la creación de la CPI».
Durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, en julio de 2020, el Estado venezolano fue uno de los primeros en ratificar el Estatuto de Roma y desde el año 2002 la CPI estaba en la obligación de analizar casos que son de juridiscción.
Para la organización no gubernamental la salida significa «la continuidad de una política de desmantelamiento de la protección institucional y de distanciamiento de los estándares internacionales de justicia que hemos presenciado en las últimas dos décadas».
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Justicia internacional seguirá su curso en Venezuela
La directora para América Latina de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, hizo hincapié que continuará el proceso contra el chavismo dentro de la Corte pese a la medida tomada por las autoridades que administran actualmente el país.
«Ningún Estado puede utilizar su retirada de la CPI como un escudo contra la justicia. Este tipo de decisiones no anulan las obligaciones jurídicas ya existentes ni afectan los procesos y responsabilidades derivados de hechos ocurridos mientras el Estado era parte del Estatuto de Roma», escribió en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Insistió en la importancia de la CPI, una instancia donde los responsables de crímenes graves deben rendir cuentas ante la justicia cuando falla el sistema interno. «La justicia internacional no es opcional. Cuando los Estados intentan eludirla, la comunidad internacional debe responder con firmeza y dejar claro que la impunidad nunca puede ser la respuesta», destacó.
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Dudas de legitimidad y obligación constitucional
El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, se detalló a explicar que la medida no afecta la investigación conocida como el caso Venezuela I ni detiene el trabajo que ya se ha adelantado.
Mientras que el abogado Perkins Rocha, en arresto domiciliario, manifestó que las actuales autoridades al carecer de legitimidad no estarían facultadas para tomar una decisión de esa naturaleza.
«Al margen de la cualidad politica de quien indebidamente lo solicita, existe una razon jurídica-constitucional; siendo el Estatuto de Roma que crea la CPI, un pacto internacional de protección de los DDHH validamente suscrito por Venezuela, tiene «(…) jerarquía constitucional y prevalece en el orden interno (…) y son de inmediata y directa aplicación (…)», según el artículo 23 de la Constitución venezolana vigente desde el año 1999.
Agregó que «no existe ningún resquicio legal, constitucional ni politico que permita ni justifique en el derecho internacional que un gobierno (de facto como el presente e inclusive legítimo), utilice la denuncia de un tratado para evadir su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos como los que han sido denunciados y cursan hoy ante la CPI contra Nicolás Maduro y su entorno».