Caracas.- La delegación de la Asamblea Nacional de 2015 logró que 4 de los 7 juristas integrantes del comité de postulaciones para el nuevo Tribunal Supremo de Justicia tengan perfiles independientes sin afinidad al oficialismo, lo que supone un contrapeso en la reforma del Poder Judicial anunciada en la mesa de negociación en la que también participan miembros del gobierno interino.
El viernes, 25 de septiembre, culminó la segunda ronda de negociaciones. A continuación los nombres de quienes integran el comité y tienen perfiles independientes:
*Rogelio Pérez Perdomo: es doctor en derecho egresado de la Universidad Central Venezuela, magíster en Harvard, profesor de Stanford e individuo de número de la Academia Nacional de Historia.
*Belén Ramírez Landaeta: fue magistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia hasta 1999; y presidenta de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo.
*María Bernardoni de Govea: es abogada egresada de la Universidad del Zulia, fue ministra del Trabajo (entre 1.997 y 1.999) y decana de la Universidad Monteávila.
*Bernardo Pulido Márquez: es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, máster por Stanford, doctor por Notre Dame, y litigante en derechos humanos ante el Sistema Interamericano y la ONU.
Otros tres nombres tienen perfiles que los relacionan con el chavismo y la pasada administración de Nicolás Maduro. Ellos son:
*Silio Sánchez Zerpa: Fue director ejecutivo de la Magistratura en el año 2015, vicerrector de Desarrollo Territorial de la UBV y magistrado suplente del TSJ desde el año 2022.
*Deyanira Nieves: fue magistrada del TSJ entre los años 2004 y 2015 y presidenta de la sala de Casación Penal.
*Federico Fuenmayor: Es abogado constitucionalista. Fue designado magistrado suplente del TSJ en 2015. Se le considera cercano a la expresidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, a quien reemplazó en el cargo la Sala Constitucional. El 29 de marzo de 2017 firmó las sentencias 156 y 157 que despojó de sus competencias a la AN de 2015 por el denominado desacato.