Caracas.- Amnistía Internacional denunció que las autoridades en Venezuela están cometiendo desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, configurando así crímenes de lesa humanidad.
El informe, titulado «Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela», documenta 15 casos de desapariciones forzadas ocurridas entre el 28 de julio de 2024 y el 15 de junio de 2025, de los cuales 11 personas, incluyendo ciudadanos de diversas nacionalidades, permanecen desaparecidas.
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Llamado a la Corte Penal Internacional
La organización insta a la Corte Penal Internacional (CPI) y a los tribunales nacionales con jurisdicción universal a investigar y, si hay suficiente evidencia, procesar a los presuntos responsables, incluyendo a los de más alto nivel.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional manifestó: «La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario».
Callamard hizo un llamado a la comunidad internacional a no «normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos en Venezuela», destacando que la magnitud de estos crímenes exige la acción de la justicia internacional.
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Patrón de represión
El informe detalla que las detenciones habrían sido arbitrarias en la mayoría de los casos, motivadas por razones políticas, incluyendo la participación en protestas, el transporte de figuras políticas de alto perfil, o la pertenencia a partidos de oposición, activismo, periodismo crítico o defensa de los derechos humanos.
Las autoridades, según Amnistía Internacional, han negado información sobre la detención o el paradero de los individuos. «Sus familias recorrieron sin descanso organismos de gobierno, fiscalía, poder judicial y varios centros de reclusión para intentar localizar a sus seres queridos, sin obtener respuesta», se lee en el informe.
Asimismo, se destaca cómo ciertos mecanismos judiciales han sido instrumentalizados para conferir una «apariencia de legalidad» a procedimientos ilegales, incluyendo audiencias de presentación secretas, la imposición de defensores públicos sin capacidad de actuar de forma independiente, la utilización de tribunales carentes de independencia (como los «Tribunales contra el Terrorismo»), la anulación de facto del habeas corpus y la instrumentalización del Ministerio Público.
Leer el informe completo en Amnistía Internacional
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