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jueves, 15 mayo, 2025

Alrededor de 100 políticos venezolanos se han exiliado en esta era chavista

Aumenta el número de políticos opositores que se encuentran en el exilio para huir del gobierno chavista debido a la persecución

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Por La Hora de Venezuela 

Con la salida de Venezuela de los cinco integrantes del partido Vente Venezuela, que se encontraban refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, aumenta el número de políticos opositores que se encuentran en el exilio para huir del gobierno chavista.

Aunque no existe una cifra precisa y universalmente aceptada sobre el número exacto de políticos venezolanos exiliados desde que el chavismo asumió el poder en 1999, ya que los datos varían según las fuentes y muchos casos no están documentados oficialmente, una estimación conservadora basada en datos recabados en prensa sugiere que, al menos, se trataría de entre 80 a 100 políticos de alto perfil, incluyendo exdiputados, alcaldes, jueces y líderes de partidos.

MisiónHipocresía: el oficialismo venezolano se disfraza de “defensor de migrantes"

Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y la continuación de su proyecto bajo Nicolás Maduro, Venezuela ha experimentado una crisis política, económica y humanitaria que ha llevado a millones de ciudadanos, incluidos políticos opositores, a huir del país. Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 7 millones de venezolanos han emigrado, incluyendo figuras políticas de alto perfil y activistas.

La represión del Gobierno, que incluye detenciones consideradas arbitrarias, inhabilitaciones políticas y acoso judicial, ha obligado a muchos líderes a buscar refugio en el extranjero.

Los principales países donde buscan exiliarse son: España, Estados Unidos, Colombia y Panamá.

Este es un resumen de algunos casos destacados y el contexto reciente, basado en información disponible:

Edmundo González Urrutia (2024)

González Urrutia, de 75 años de edad, se vio forzado a exiliarse en España tras permanecer refugiado en la embajada de Países Bajos en Caracas. Su salida fue negociada entre los gobiernos español y venezolano, y España le otorgó asilo político. La persecución se intensificó tras las controvertidas elecciones, en las que la oposición denunció fraude.

Leopoldo López (2020)

Líder del partido Voluntad Popular, López fue arrestado en 2014 y condenado a 14 años de prisión por supuestamente incitar a la violencia durante protestas. Tras años en prisión y arresto domiciliario, en el 2019 se refugió en la residencia de la Embajada de España, en Caracas. En 2020, escapó a Madrid, donde continúa su activismo político.

Juan Guaidó (2023)

Reconocido como presidente interino por varios países en 2019, Guaidó enfrentó amenazas y una orden de arresto por cargos como «legitimación de capitales». En 2023, tras ser expulsado de Colombia, se exilió en Miami, Estados Unidos, desde donde mantiene un activismo más discreto.

Ramón Muchacho

El exalcalde de Chacao, un municipio de Caracas, fue condenado a 15 meses de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia en medio de una ola de protestas contra Maduro, bajo el argumento de no impedir en su localidad las rebeliones contra el gobierno federal. En agosto de 2017, se exilió en Miami, desde donde comentó a BBC: “En Venezuela hoy no hay posibilidad de un cambio por las vías democráticas, pero tampoco de un golpe de Estado".

Antonio Ledezma (2017)

Exalcalde metropolitano de Caracas, Ledezma fue acusado de conspiración y estuvo en prisión militar y bajo arresto domiciliario. En 2017, escapó a Colombia y luego se estableció en Madrid, donde reside con asilo político.

Julio Borges (2018)

Expresidente de la Asamblea Nacional, Borges perdió su inmunidad parlamentaria y enfrentó amenazas. Se exilió en Colombia y luego en España, donde vive desde 2021 con protección internacional.

David Smolansky (2017)

Exalcalde de El Hatillo, Smolansky fue perseguido por el Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó su encarcelamiento. Huyó disfrazado a Brasil y luego se estableció en Washington, D.C., trabajando con la OEA.

Carlos Ortega (2007-2008)

Líder sindical, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, fue uno de los primeros opositores al chavismo que salió al exilio. Tras enfrentar persecución política y encarcelamientos, huyó a Perú, donde pemanece desde hace, al menos, 18 años.

Miembros de la asamblea Nacional de 2015

Tras el fin de su periodo, cuando el chavismo copó en unas polémicas elecciones la mayoría de las curules de la Asamblea Nacional, más de 40 parlamentarios se exiliaron en distintos países, tras huir de Venezuela; entre ellos: Gaby Arellano, Rosmit Mantilla. Gilbert Caro, Dinorah Figuera, Germán Ferrer, y otros, que fueron forzados al exilio debido a la persecución del gobierno, que incluía la pérdida de inmunidad parlamentaria y amenazas de detención.

La narrativa oficialista

Es importante cuestionar la narrativa de la administración de Nicolás Maduro, que niega la crisis migratoria y califica a los exiliados como «traidores». La evidencia de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, documentada por organizaciones como Foro Penal y la ONU, subraya que el exilio de políticos venezolanos es, en gran medida, una respuesta a la represión estatal.

Recientemente, Foro Penal documentó que aún en el país quedan 906 personas consideradas como presos políticos. La ONG indicó de los detenidos se dividen en 815 hombres y 91 mujeres, de los cuales 901 son adultos y cinco son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad. Según la organización, 737 de los presos son civiles y 169 militares.

La ONU, a través de sus distintos organismos y misiones, ha expresado una profunda preocupación por la situación de los presos políticos y los exiliados en Venezuela.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) ha documentado un aumento alarmante de violaciones de derechos humanos, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. En su informe de septiembre de 2024, la misión afirmó que las autoridades venezolanas han intensificado la represión para «silenciar la disidencia», utilizando detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.

La ONU, a través de la OHCHR y la FFM, ha instado al Gobierno de Maduro a liberar inmediatamente a todos los presos políticos, garantizar el debido proceso, y cesar la persecución de opositores y defensores de derechos humanos. También ha pedido investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura y crímenes contra la humanidad.

Qué dice la Constitución

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 no aborda explícitamente el concepto de «exilio» como tal, pero contiene disposiciones relacionadas con los derechos fundamentales, la persecución política y la protección de los ciudadanos que pueden aplicarse a situaciones de exilio, pero hay un articulado que mencionan situaciones correspondientes:

  1. Artículo 23: Establece que los tratados, pactos y convenciones internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. Esto incluye instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que protegen a personas que huyen de persecución política, lo que podría aplicarse a casos de exilio.
  2. Artículo 29: Prohíbe la desaparición forzada, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este artículo es relevante porque muchos políticos venezolanos han alegado persecución, amenazas o detenciones arbitrarias como razones para exiliarse, buscando protección frente a violaciones de derechos humanos.
  3. Artículo 50: Garantiza la libertad de tránsito y el derecho de los venezolanos a entrar y salir del país sin restricciones injustificadas. Sin embargo, en la práctica, este derecho ha sido vulnerado en casos de políticos opositores a quienes se les ha confiscado el pasaporte, se les ha prohibido salir del país o se les ha perseguido judicialmente para forzar su salida.
  4. Artículo 65: Prohíbe a quienes hayan sido condenados por delitos graves ocupar cargos públicos electivos. En algunos casos, el Gobierno ha utilizado procesos judiciales cuestionables para inhabilitar políticamente a opositores, empujándolos al exilio para evitar prisión o represalias.
  5. Artículo 69: Reconoce el derecho a la manifestación pacífica y a la asociación política, pero la persecución de líderes opositores por ejercer estos derechos ha sido una causa común de exilio.
  6. Artículo 83: Aunque no está directamente relacionado con el exilio, garantiza el derecho a la protección de la salud y la vida, derechos que algunos políticos han argumentado que se ven amenazados por la persecución, justificando su salida del país.

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