Al Campamento Caraballeda, ubicado en los campos de golf de Caribe, dan la bienvenida los militares. Estos envían a voluntarios y periodistas a la carpa del coronel de guardia, donde se debe especificar el motivo de la visita y las actividades que se harán en el lugar. El funcionario detalla las labores que ellos realizan y el trabajo coordinado con organizaciones internacionales.
Sin embargo, al conversar con los sobrevivientes, el panorama cambia radicalmente: no cesan las denuncias de corrupción y malos tratos por parte de los mismos uniformados.
Yusmeli Aguilera alegó sentirse decepcionada. Jefa de una UBCh en la OPPE 26 y con experiencia previa en refugios tras la tragedia de 1999, donde permaneció cinco años, luego vivió una década en el apartamento que le fue asignado. Ahora vuelve a estar damnificada en condiciones mucho más dolorosas: perdió a su hijo de 17 años a causa de los terremotos.
“Hemos dado el todo por el todo por el gobierno, les dimos esos puestos, pero ahora somos abandonados. Aquí es puro show, porque cuando anochece la cosa cambia: se deben retirar los voluntarios y los periodistas, y quedan solo los militares. Es entonces cuando nos apagan todas las luces y encienden las plantas eléctricas solo para ellos", denunció.
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Ella, junto a otros afectados, asegura que el campamento queda a oscuras mientras ven la luz dentro de las carpas de los militares. No tienen otra opción que agotar las baterías de sus teléfonos mientras cuidan sus pertenencias y a los niños. Tras varios reclamos hacia los uniformados, estos alegan que no es obligación de ellos compartir la electricidad.
El esposo de Yusmeli, Freddy Silva, reforzó las acusaciones al asegurar que ha visto a militares sustraer medicamentos y comida de la farmacia durante la noche. Aclaró que no son todos, que hay funcionarios muy amables y respetuosos, pero muchos otros sí incurren en estas prácticas.
“No he podido dormir, sufro de insomnio y camino de un lado para otro. En esos momentos los he visto cargar con los medicamentos y la comida; los pasan a sus carpas y los almacenan hasta poder sacarlos. Yo reclamé y me llamaron la atención. Nos dijeron que nos sacarían, pero ya no sabemos si después de esta denuncia van a arremeter contra nosotros", dijo a El Pitazo.
Ambos expresaron gratitud por la comida y la atención de los organismos internacionales, pero aclararon que no es lo que realmente desean: “Queremos trabajar. Éramos emprendedores, teníamos una venta de comida rápida en la planta baja de nuestro edificio. Tememos que se nos vayan cinco años más en un refugio", reclamó Yusmeli.
Una fuente militar informó que, horas después de los terremotos, el lugar fue ocupado por unas 300 familias, más de mil personas. Allí se concentraron para huir de las ruinas de sus edificios y para organizar búsquedas de sobrevivientes entre los escombros.
Diecisiete días después de la tragedia, muchos lograron recuperar y sepultar los cadáveres de sus familiares. Otros, al no encontrarlos, también se marcharon.
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Varias familias fueron reubicadas temporalmente en el refugio Guaicamacuto. “Ellos juegan al desgaste, nos tratan bajo un régimen militar. Son severos hasta para decirnos la hora de bañarnos. Pero no es mi primera vez; como la mayoría de la gente que ya vivió en refugios, sabemos cómo es la dinámica. Tenemos la opción de irnos y empezar de cero, o quedarnos para que nos consigan una casa, aunque en eso se nos pueden ir varios años", contó Eneida Ruiz, quien regresó al campo de golf junto a su familia tras pasar por ese refugio.
Las carpas de los damnificados fueron reemplazadas por unas más amplias, donadas por iglesias y otras organizaciones internacionales. La alimentación está a cargo de World Central Kitchen, que instaló un comedor para ofrecer las tres comidas diarias y meriendas. La Cruz Roja Venezolana, por su parte, montó una carpa con conexión a internet y servicio de carga de celulares.