
Maturín.- En la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) Monagas, más de la mitad de la nómina está evitando jubilarse para no perder los beneficios de ley. De 255 empleados, 153 ya cumplieron con sus años de servicio; la crisis económica de Venezuela los obliga a mantenerse en sus puestos de trabajo, porque de lo contrario no sobrevivirían con un sueldo de 150.000 bolívares al mes.
El presidente de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes de la Cantv Monagas, Alexander Muñoz, explicó que en 2005 solicitaron la homologación de los salarios cuando la empresa aún era privada. Un tribunal aprobó la medida pero la compañía aún no la ejecuta, afectando a sus afiliados: 113 jubilados y pensionados y 25 sobrevivientes.
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Muñoz considera que todo extrabajador de la Cantv debe tener un salario acorde al costo de la cesta básica, un monto que le permita cubrir sus necesidades mínimas y al mismo tiempo tener una vejez digna y tranquila. Actualmente, ninguno de ellos recibe los beneficios que la empresa procura conseguirles a los empleados y a los obreros, como por ejemplo la venta de pernil, que ya se realizó.
En vista de que no han logrado activar la homologación salarial, Muñoz dijo que recurrieron a un amparo constitucional para que no solo se les respeten sus derechos laborales, sino también todos aquellos que se les han sido violados desde hace 14 años. La medida fue introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 5 de diciembre a través de la Organización no Gubernamental (ONG) Maestro de la Ley.
El presidente de esta ONG, Guillermo Alarcón, explicó que a través del amparo constitucional solicitaron una medida restitutoria de las condiciones humanas en Venezuela no solo para proteger a los trabajadores del sector público sino también para los privados, pues la idea es “proteger a todos aquellos que han sido víctima de la violación de sus derechos humanos", acota.
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Esperan que en las próximas semanas otras organizaciones se plieguen al documento para que tenga más fuerza la acción y así el TSJ lo apruebe. Aunque están conscientes de los obstáculos con los que podrían tropezarse en esa instancia, aseguran que se debe dejar constancia de todas las acciones legales que se han emprendido para proteger a los trabajadores venezolanos.
“Esta es una medida para socorrer, auxiliar y resolver la crisis que se vive en distintos sectores en materia laboral, de salud, de educación y de muchos otros. Todas aquellas violaciones o alteraciones que ha vivido la sociedad venezolana están socorridos con este fuero. Ahora le toca al TSJ fallar en contra o a favor; ellos verán, pero nosotros como colectivo iniciamos esta ruta a favor de todos los afectados", explicó.
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