
San Carlos de Zulia.- 128 reclusos del centro de arrestos preventivos San Carlos, situado en el municipio Colón del estado Zulia, recibieron libertad bajo distintas modalidades, toda vez que una comisión judicial multidisciplinaria atendió retardos procesales que impedían los juicios desde hace dos años.
La información la confirma a El Pitazo Gerardina Parada Hernández, diputada de la Asamblea Nacional oficialista por el Sur del Lago en Zulia, al especificar que la comisión presidencial para la revolución judicial examinó 252 expedientes tanto de tribunal de juicio como de ejecución.
Parada menciona que de los casos evaluados hasta este martes, 3 de agosto, a 124 reos se les ratificó privativa de libertad, mientras que 92 liberados recibieron medida sustitutiva al quedar bajo arresto domiciliario y otros 19 salieron libres aunque deben cumplir régimen de presentación ante el circuito judicial penal en la zona.
De otros 17 casos revisados mediante el tribunal de ejecución, al menos cuatro recibieron libertad plena, tres por destacamento de trabajo, dos con régimen abierto, tres con libertad condicional, cuatro con arresto domiciliario y uno en presentación periódica.
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La parlamentaria agrega que 30 expedientes serán trasladados a tribunales de otros estados del país y que aún resta otorgar medidas a detenidos de otras instituciones.
Parada Hernández dice que la comisión está integrada por representantes del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, la coordinación de tribunales que involucra a representantes de Caracas y de los circuitos de Zulia y Santa Bárbara, así como por diputados, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Fiscalía del Ministerio Público, Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Colón, la directiva del centro de arrestos preventivos San Carlos. Organismos como policía municipal de Colón, Policía del estado Zulia y la Guardia Nacional resguardan el operativo.
El sábado 24 de julio los reclusos de la instancia carcelaria protestaron en los pabellones A, B y C, así como el ala de féminas para exigir celeridad en las actuaciones judiciales con una huelga de hambre que se levantó el mismo día por intermediación de funcionarios del sistema judicial.