Barquisimeto.- Gilsbelys Vásquez sufre una mezcla de rabia y alegría al tener expectativas de libertad para su hijo de 17 años, tras las recientes declaraciones de Nicolás Maduro en las que instó a los jueces del país a revisar detenciones y procesos judiciales acontecidos durante las protestas poselectorales. «En caso de que haya habido algún error procedimental», dijo el mandatario el lunes 11 de noviembre.
«Por una parte, me dio rabia, porque después de cuatro meses, después de que a esos muchachos les tocó vivir esa experiencia tan mala, van a querer enmendar errores. Psicológicamente, esos muchachos sufrieron (…) pero ahorita estoy a la expectativa de que Dios nos sorprenda con una noticia en cualquier momento», comentó la progenitora en una entrevista el 14 de noviembre a El Pitazo.
El hijo de Vásquez está recluido en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins de Barquisimeto desde hace 109 días. Su madre insiste en que tiene pruebas de que el adolescente no participó en la quema de una grúa de Transbarca, ni en el saqueo del supermercado Pa’ Todo, al oeste de Barquisimeto. Los hechos se suscitaron el 30 de julio, en medio de las protestas que ocurrieron en Venezuela, tras los resultados de las presidenciales 2024, en las que el CNE otorgó la reelección a Nicolás Maduro.
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Tras casi 4 meses encerrado, el joven vio alejarse su futuro académico: el 9 de octubre debía inscribirse en la Universidad Martin Luther King para estudiar Fisioterapia, pero «perdió la oportunidad porque estaba encerrado», expresó la madre.
Existe la posibilidad de que salga pronto, lo que genera gran incertidumbre, sobre todo porque el 11 de noviembre fue la apertura del juicio del adolescente, quien es procesado por el mismo delito junto a otros 2 jóvenes de 17 años.
«En este caso, enjuician a los tres porque hay multiplicidad de imputados, pero en teoría la responsabilidad penal debería ser individual; sin embargo, en este país no se ve eso», opinó sobre el caso un abogado experto en derechos humanos, quien prefirió mantenerse en el anonimato.
Los representantes de los tres jóvenes pudieron acompañarlos en la audiencia telemática, en la que una jueza desde Caracas se presentó y explicó las fases del procedimiento judicial. Igual que en la audiencia preliminar, se les preguntó a los jóvenes si querían asumir los cargos: terrorismo, incitación al odio y daño a la nación, pero ellos optaron por sostener su inocencia una vez más, informó Vásquez, quien estuvo presente en la audiencia.
Sin embargo, la progenitora criticó a la defensa pública impuesta por el Estado, porque considera que no hizo lo suficiente: «Esa abogada solamente se presentó, dio su nombre y más nada; no alegaba que los muchachos eran estudiantes, ni nada».
A pesar de todo, los familiares consideran que en tribunales tratan de agilizar el proceso, ya que tuvieron su audiencia preliminar el 3 de octubre y se les asignó fecha de apertura de juicio para el 11 de noviembre, con una nueva fecha prevista el 21.
«La jueza dijo que, dependiendo de cómo vaya saliendo todo, se les harán varias audiencias; pero más rápido para ellos, cada 8 o 10 días», explicó Willmary Díaz, madre de otro de los jóvenes, a quien se le abrió juicio.
Sobre las declaraciones de Nicolás Maduro, Díaz espera que su hijo pueda salir el 21 de noviembre o antes, aunque en la apertura del juicio les informaron que les harían varias audiencias. «Nosotros tenemos fe de que salgan (…) ellos están contentos, tienen fe y esperan, confiando en Dios, que van a salir, porque si ellos no son culpables, yo les digo que no se preocupen por nada».
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En el retén del Manzano están recluidos otros 3 jóvenes por cargos de terrorismo: uno de 17 años del municipio Simón Planas, con fecha de juicio el 19 de noviembre; otro del municipio Iribarren, que cumplió 18 años el 4 de noviembre y tiene juicio el 25 de noviembre; y el menor de todos, del municipio Torres, que cumplió 15 años el 8 de noviembre, pero aún espera fecha de juicio.
Los 6 adolescentes forman parte de los 69 que contabiliza el Foro Penal hasta el 11 de noviembre como presos políticos, a su vez, número que se desprende de las 1.848 personas que fueron aprehendidas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. «El mayor número de presos con fines políticos conocido en #Venezuela, al menos en el siglo XXI», según la ONG.
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