El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ejecutaron de manera conjunta lo que la administración de Donald Trump califica como la mayor campaña federal de la historia del país contra el crimen transnacional. De acuerdo con datos oficiales de las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional, las autoridades lograron detener a 1.296 presuntos integrantes y asociados de la banda de origen venezolano Tren de Aragua (TdA) en diversos operativos desplegados en casi todo el territorio estadounidense.
“Asesinos, traficantes de sexo, traficantes de drogas, ladrones y otros criminales asociados con la pandilla venezolana terrorista han sido arrestados en números sin precedentes. No hay santuario para estos terroristas", destacaron las autoridades en una nota oficial.
Los balances detallados de la operación institucional fueron revelados en exclusiva por el diario estadounidense ‘Washington Examiner’, medio que precisó la línea de tiempo del despliegue táctico.
De acuerdo con los registros, los arrestos masivos de sospechosos se ejecutaron en el intervalo comprendido entre el 20 de enero de 2025 y el pasado 8 de octubre de 2026. Asimismo, los expedientes obtenidos por el diario confirman que cerca de 350 personas vinculadas a la red delictiva ya enfrentan procesos formales bajo severos cargos federales.
Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detalló al rotativo que los grupos de trabajo se han topado con miembros de esta organización «en casi todos los estados», describiéndola como una de las agrupaciones más violentas debido a su historial de atrocidades.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, aseveró en un comunicado recogido por ‘Washington Examiner’ que las Fuerzas de Tarea fueron diseñadas para revertir el impacto de las políticas migratorias previas.
“Nuestro mensaje al Tren de Aragua es simple: desmantelaremos sus redes, confiscaremos sus ganancias y pondremos primero la seguridad del pueblo estadounidense", declaró Bis.
El origen de la crisis
El Tren de Aragua comenzó a operar hace una década dentro de una prisión venezolana, expandiéndose paulatinamente hacia Sudamérica y, eventualmente, hacia los Estados Unidos. Los análisis oficiales recopilados en el informe al que tuvo acceso el medio estadounidense señalan que durante la gestión de Joe Biden —periodo en el que se interceptaron más de 700.000 migrantes venezolanos en la frontera sur entre 2021 y septiembre de 2024— los integrantes de la banda lograron ingresar ocultándose entre el flujo de la población civil.
El principal obstáculo para los agentes de la Patrulla Fronteriza radicaba en que el Gobierno de Venezuela se niega a compartir sus bases de datos sobre criminalidad interna con los Estados Unidos, impidiendo que las autoridades norteamericanas supieran si los detenidos bajo custodia tenían antecedentes penales en su país de origen. Ante la falta de plazas de retención a largo plazo y la negativa de Caracas a recibir los vuelos de repatriación, la administración anterior liberó a la gran mayoría de ellos dentro del territorio estadounidense. A finales de 2024, las agencias federales ya acumulaban más de 100 investigaciones abiertas por delitos graves asociados a esta red.
El historial delictivo de la pandilla en suelo estadounidense incluye sucesos de alto impacto público que la investigación del ‘Washington Examiner’ enumera como los principales detonantes de la actual respuesta institucional:
- Tiroteo en Nueva York (2021): Dos oficiales de la policía de Nueva York fueron baleados por presuntos miembros de la banda. El detenido, Bernardo Raúl Castro Mata (19), poseía tatuajes característicos de la organización como coronas y estrellas de cinco puntas.
- Homicidio de Laken Riley (2024): El asesinato de la estudiante de enfermería en Georgia, presuntamente a manos del ciudadano indocumentado José Ibarra, aceleró las exigencias de los legisladores republicanos.
- Doble homicidio en el Bronx (2024): Cuatro personas que ingresaron de forma ilegal y fueron liberadas en la frontera se declararon culpables en junio de este año por este caso. Tres de los delincuentes poseían órdenes de deportación emitidas por jueces de inmigración que el ICE no ejecutó en su momento debido al colapso y atraso de más de 1,5 millones de casos pendientes en el sistema migratorio.
De la sanción financiera a la estrategia antiterrorista
La respuesta institucional de los Estados Unidos experimentó un cambio radical de enfoque. En 2024, la administración Biden catalogó al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional, aplicando bloqueos financieros a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Sin embargo, en febrero de 2025, el presidente Donald Trump ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, elevar la clasificación jurídica del Tren de Aragua y de varios cárteles mexicanos a la categoría de organizaciones terroristas extranjeras. La medida se fundamentó en la detección de células dedicadas al secuestro, extorsión a comercios, soborno de funcionarios y planificación de ataques contra los cuerpos de seguridad estadounidenses. Bajo este nuevo marco legal, la portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas Oxman, confirmó imputaciones masivas por trata de personas con fines sexuales, secuestro, robos y delitos financieros generalizados.
La ofensiva no solo abarcó las bases de la organización, sino también a su alta cúpula. En junio de 2026, el líder máximo de la banda, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero«, murió en una operación militar conjunta. «Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua», publicó Trump en la red Truth Social.
A este procedimiento se sumó la captura, a inicios de este mes, de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, considerado el cerebro detrás de un sofisticado esquema de hackeo informático que orquestó un fraude de 40 millones de dólares mediante la alteración de cajeros automáticos en todo el país, figurando previamente en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.
De acuerdo con los funcionarios del DHS, la estrategia de la actual administración de duplicar el número de oficiales de deportación del ICE y dar prioridad absoluta a las expulsiones del territorio nacional ha sido el factor determinante detrás de la drástica disminución de las tasas de criminalidad violenta registrada en el país desde 2025.
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