Caracas.- La Corte Penal Internacional (CPI) denunció este 7 de febrero que la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para sancionar a sus funcionarios busca “socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas" las investigaciones abiertas, y estas amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques contra los países miembros.
La presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, también rechazó cualquier intento de influir en la independencia y la imparcialidad de la Corte, de politizar su función judicial, y lamentó que las sanciones busquen «privar de justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades" en todo el mundo.
“Siempre hemos cumplido y seguiremos cumpliendo únicamente con la ley, bajo cualquier circunstancia", advirtió.
Donald Trump firma orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional
La decisión de Trump, que incluye restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a funcionarios de la CPI y sus familiares inmediatos (pareja e hijos), es una respuesta a las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza.
“Mientras las atrocidades siguen asolando el mundo y afectando la vida de millones de niños, mujeres y hombres inocentes, la Corte se ha vuelto indispensable. Representa el legado más significativo del inmenso sufrimiento infligido a civiles por las guerras mundiales, el Holocausto, los genocidios, la violencia y las persecuciones", advirtió Akane.
La CPI, subrayó, está realizando procedimientos derivados de diversas investigaciones en todo el mundo, en “estricto cumplimiento de las disposiciones del Estatuto de Roma", el tratado fundacional del tribunal, que le da jurisdicción para juzgar a los más altos responsables de los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de agresión estatal.
“La orden ejecutiva anunciada es solo el último de una serie de ataques sin precedentes y en aumento que buscan socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas las situaciones. Tales amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques contra los Estados Parte de la Corte, el orden internacional basado en el Estado de derecho y millones de víctimas", lamentó la presidenta del tribunal, que tiene su sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.
Países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción, ni la respaldan cuando se trata de casos que los afectan a ellos mismos o sus aliados.
Cuando los crímenes se cometen en el territorio de un país miembro, como lo es Palestina, la CPI sí tiene jurisdicción para abrir una investigación, aunque los autores sean nacionales de un país no miembro.
79 países apoyan a la CPI, pero no Venezuela
Unos 79 países, entre ellos numerosos latinoamericanos, firmaron este 7 de febrero una declaración conjunta de apoyo a la Corte Penal Internacional tras el ataque del gobierno del presidente Donald Trump.
«Hoy en día, la Corte se enfrenta a desafíos sin precedentes: se han adoptado medidas de sanción a la corte y sus funcionarios, a los que cooperen con ella, en respuesta a que la Corte realiza su mandato de acuerdo con el Estatuto de Roma», reza la declaración.
Sin embargo, no se menciona por su nombre al Gobierno estadounidense ni a su presidente, Donald Trump, que el 6 de febrero firmó la orden ejecutiva que afecta a la CPI.
«Esas medidas -dice la declaración conjunta- acrecientan los riesgos de impunidad para los crímenes más graves y amenazan con erosionar el imperio de la ley internacional; más incluso, las sanciones ponen en peligro la confidencialidad de informaciones delicadas y la seguridad de los afectados, incluyendo víctimas, testigos y miembros de la Corte», indica el texto.
«Lamentamos todo intento de socavar la independencia de la Corte, su integridad y su imparcialidad, (y) subrayamos su papel insustituible para acabar con la impunidad, promover el imperio de la ley, fomentar el derecho duradero por los derechos humanos».
La mayoría de países latinoamericanos firma la declaración, pero faltan los nombres de Argentina, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Paraguay y El Salvador.
Entre los firmantes de la declaración también hay varios países europeos España, Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia u Holanda, pero no así Italia ni Hungría; también están aliados de EE. UU. como Canadá, pero no Australia. Faltan numerosos países africanos o asiáticos cercanos a Rusia.
Estados Unidos no ha reconocido nunca la jurisdicción de la CPI, tampoco Israel, China ni Rusia. En total, hay 124 países que reconocen a la CPI, pero no todos han firmado la declaración conjunta.
EFE
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