La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró este lunes 9 de junio que las investigaciones apuntan a que el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay fue perpetrado por un grupo criminal organizado y confirmó que las autoridades buscan esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del ataque, cuyo autor material fue un joven de 15 años.
«Somos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprehendido es apenas un ejecutor material», afirmó Camargo en rueda de prensa, en la que estuvo acompañada por el comandante de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana.
Triana detalló que un equipo de expertos le hizo un examen de uniprocedencia al arma 9 milímetros y encontró que es de origen estadounidense, y que fue comprada legalmente el 6 de agosto de 2020 en el estado de Arizona, según reseñó el diario colombiano El Tiempo.
La fiscal Camargo agregó que están enfocados en determinar si el arma fue utilizada para otros ataques con anterioridad. «Ese es el objetivo número uno, qué red sicarial contacta como ejecutor material a este menor, para eso hacemos un estudio de balística, que es identificar si esa arma que se utilizó ha estado involucrada en otros atentados similares. Ese examen se está haciendo en este momento, es muy relevante. En este momento no tenemos la información, la estamos trabajando», dijo Camargo.
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Indicó que analizan 1.000 videos de lo que pasó en los hechos y que ya adelantaron 23 entrevistas. Dijo que trazaron el recorrido completo del menor de 15 años desde su casa hasta el parque en Modelia, donde disparó contra el senador del partido Centro Democrático, y luego su ruta de escape.
Penas de hasta ocho años de cárcel
El adolescente se encuentra en un hospital, donde se le está tratando por una herida de bala en una pierna y bajo estrictas medidas de protección debido a amenazas recibidas tras la difusión de su identidad en redes sociales, reseñó la agencia de noticias EFE.
Este lunes a mediodía tendrá lugar la audiencia donde se le imputarán los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, según dijo la Fiscalía en la rueda de prensa, donde agregó que el joven «podría exponerse a una pena de 8 años» de cárcel.
Hasta ese momento, su custodia «está garantizada» por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y la Dirección de Protección de la Policía, “no será internado en un centro para menores porque no se puede garantizar su seguridad en esas condiciones", por lo que la fiscal propondrá moverlo a “una zona especial del búnker de la Fiscalía, aislado de población adulta y bajo vigilancia permanente", explicó Camargo.
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