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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) considera «inconcebible» que Cuba pueda volver a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas «sin estar comprometido con ninguno de los documentos que conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos».
El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, anunció en febrero que el país aspira a ocupar en octubre uno de los 47 asientos del Consejo de Derechos Humanos para el período 2021-2023.
«En relación con la postulación de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos es importante señalar la poca implicación jurídica vinculante del Estado cubano, tanto en el Derecho Internacional como en su ordenamiento jurídico interno», según un informe del OCDH.
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Este documento fue enviado a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, aseguró esta organización este lunes 28 de septiembre, en un comunicado difundido en Madrid, donde tiene su sede.
Como ejemplo, el observatorio cita los pactos internacionales de 1966 de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales», que fueron firmados en 2008.
«Pero, transcurridos más de 12 años, el Estado cubano no ha procedido a ratificarlos, lo cual implicaría ajustar el ordenamiento interno a sus prerrogativas», asegura.
En consecuencia Cuba «no está sometida» a la competencia de los órganos correspondientes para recibir y examinar comunicaciones de presuntas violaciones de derechos en su jurisdicción «ni se ha comprometido a abolir la pena de muerte«, según el OCDH.
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Por todo ello, la «no ratificación y nulo compromiso» de Cuba con diversos tratados internacionales de Derechos Humanos es «alarmante».
Por ejemplo, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue ratificada en 1995. No obstante, 25 años después el Gobierno cubano «no reconoce la competencia del Comité contra la Tortura para recibir y examinar comunicaciones de otros Estados partes y posibles víctimas».
En cuanto a la legislación nacional, el OCDH indica que la propia Constitución «prima sobre los tratados internacionales».
Y a ello se une «la falta de independencia del poder judicial», así como las leyes y decretos que «limitan la libertad de opinión, expresión, reunión, manifestación y asociación».
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