Canadá anunció este jueves, 20 de febrero, la inclusión de siete organizaciones criminales latinoamericanas como grupos terroristas, entre los que se encuentran el Tren de Aragua, cinco carteles de la droga de México, y el MS-13 de El Salvador. Una acción similar también tomó Estados Unidos.
El ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McGuinty, anunció la medida desde Ottawa, un día después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, formalizó la inclusión de los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noroeste, Golfo, Nueva Familia Michoacana y Unidos en su listado de grupos terroristas.
Esos mismos carteles, excepto el del Noroeste, además del Tren de Aragua y el MS-13, fueron designados este jueves por el Gobierno canadiense como entidades terroristas.
Con la inclusión de las siete organizaciones criminales latinoamericanas, Canadá considera terroristas a 86 grupos como la española ETA, el Sendero Luminoso peruano, los Proud Boys de EE. UU., Hezbolá de Líbano, Hamás de Palestina o Aryan Strikeforce del Reino Unido.
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Precisamente este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció dos reformas a la Constitución para proteger al país contra la intromisión extranjera en respuesta a la decisión de Trump de declarar terroristas a los carteles de la droga.
McGuinty aseguró que las organizaciones criminales internacionales, incluidos los carteles, juegan un papel clave en la producción y distribución de fentanilo en Canadá por lo que considera que las fuerzas de seguridad necesitan todas las herramientas disponibles para atacarlas.
Asimismo, negó que la medida haya sido coordinada con el Gobierno estadounidense a pesar de que se produjo al mismo tiempo.
«Canadá es un país soberano e independiente. La decisión de incluir (las organizaciones criminales) es soberana e independiente. La razón es mantener nuestras comunidades seguras», declaró el ministro canadiense.
La inclusión de los carteles en el listado de organizaciones terroristas congela los activos y propiedades de estos grupos en Canadá e impide que ciudadanos canadienses, o residentes en el país, mantengan relaciones comerciales.
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