Se cumplió un año desde que la administración de Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo en Venezuela a 130 bolívares, un sueldo que murió para los trabajadores públicos, quienes protestaron frente al Ministerio del Trabajo en Plaza Caracas, con una urna en alusión al entierro del sueldo y una torta para cantar cumpleaños al anuncio del incremento salarial.
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Los manifestantes del sector educación, salud, jubilados y pensionados se concentraron este miércoles 15 de marzo en Caracas, con la esperanza de ser recibidos por algún representante del ministerio y de mostrar de nuevo su rechazo por las malas condiciones en las que viven, situación que no ha sido atendida por el Estado y razón por la que se mantienen en las calles cada día.
La única respuesta que los trabajadores públicos recibieron este miércoles fueron los gritos de varias adeptos al oficialismo que, a las afueras de la sede del Ministerio del Trabajo, se apostaron con consignas a favor de Nicolás Maduro para asegurar que la crisis salarial en el país es producto de las sanciones económicas. De igual manera, con algunos empujones y amenazas pidieron a los manifestantes que se retiraran del lugar.
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Los dirigentes sindicales que entregaron un pliego de exigencias fueron atendidos por la coordinadora del Despacho del Viceministerio para Derechos y Relaciones Laborales, Ada Benítez. Sin embargo, esta representante no ofreció ninguna respuesta favorable a los trabajadores y sólo indicó que la solicitud se enviaría a Nicolás Maduro.
El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores, Carlos Salazar, aseguró que tomarán todas las calles de la capital venezolana el día que el Gobierno no lo espere. Indicó que desde las instituciones del Estado solo mienten y ya los gremios «están cansados de vivir en miseria y sin respuestas».
El sueldo no garantiza la alimentación
Luis Rafael Escobar, extrabajador del Ministerio de Salud, aseguró que los sueldos en Venezuela violan los derechos humanos porque no se garantizan la alimentación, la salud ni la seguridad social. Asimismo, dijo que los trabajadores deben cumplir su jornada laboral e irse a realizar otros oficios que permitan tener más ingresos y cubrir sus gastos.
«A las autoridades no les pido nada porque para mí una persona que no garantice los derechos fundamentales del ciudadano, hay que sacarla y buscar alternativas», expresó el señor Escobar, quien también es miembro de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos.
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Por su parte, José Camejo, trabajador de la Universidad Experimental Simón Rodríguez desde hace 20 años, indicó que continúan con un salario pírrico, el cual no les permite darles una buena educación, vestimenta y alimentación a sus hijos. Por lo tanto, consideró que todos deben unirse en la lucha para enfrentar la crisis que ataca sus estómagos.
«No nos vamos a cansar de luchar por nuestra dignidad laboral y nuestras reivindicaciones; con 130 bolívares solo podemos comprar tres artículos y no alcanza para 15 días. Estamos pasando hambre y eso se llama terrorismo laboral», afirmó Camejo.
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