Al menos 149 personas fallecieron bajo custodia del Estado venezolano el año pasado. Así lo reveló el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), este 21 de julio, durante la presentación de su Informe Anual 2024, titulado “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura". 105 estaban detenidas en cárceles; 40 en calabozos policiales y 4 eran presos políticos.
El hacinamiento, la desnutrición, la falta de atención médica, la violencia sistemática y la prolongación ilegal de detenciones fueron temas denunciados en el documento. Allí se destaca que el Estado dejó de garantizar los derechos de quienes están tras las rejas, mientras que los atropellos se convirtieron en una forma de castigo y control.
La detención de los presos políticos también fue expuesta en detalles. La violación del derecho a la salud de detenidos como la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y de Perkin Roche fueron citadas por el abogado Humberto Prado, director de la organización no gubernamental.
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“Nunca había visto un ensañamiento como el que existe contra los presos políticos" en Venezuela«, afirmó.
En cifras
El informe fue elaborado en tres ejes temáticos: cárceles, calabozos policiales y presos políticos. En cuanto a las cárceles, Prado expuso que actualmente en Venezuela existen 52 centros penales: 35 destinados a la población masculina; 1 para la femenina y 16 que funcionan como anexo para mujeres.
En 2024, al menos 34 de estos recintos permanecieron operativos y 18 fueron clausurados. A la par se reabrieron las cárceles de Tocorón y Tocuyito para albergar a los presos políticos poselectorales.
“La capacidad instalada del sistema penitenciario es de 26.238 plazas. La capacidad real operativa se redujo a 15.096, lo que implicó un desaprovechamiento de 11.142 plazas para una población reclusa de 22.019", detalló al referirse al colapso estructural del sistema penitenciario.
El abogado indicó que por octavo año consecutivo la ONG registra un hacinamiento crítico de 145,85%, debido a que la sobrepoblación es mayor al 40% de la capacidad instalada.
Más procesados que penados
El informe revela que el retardo procesal sigue siendo un grave problema que afecta a la población penitenciaria y contradice los principios del sistema de justicia penal.
Los datos indican que por octavo año consecutivo hay más personas privadas de libertad sin sentencia firme (12.110 procesados) que condenadas (9.909).
Al igual que en años anteriores en las cárceles persiste el control de líderes negativos: las condiciones de habitabilidad de los reclusos son deplorables; el acceso al agua es restringido; la comida insuficiente y de mala calidad; las medidas de control son deficientes y los privados de libertad reciben tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Muchos de los internos perdieron entre 10 y 15 kilos en reclusión. A esto se suma que hay espacios convertidos en espacios de castigo, como los llamados “tigritos".
“La situación de las mujeres privadas de libertad continúa siendo alarmante. El Inof tiene un grave nivel de hacinamiento", señaló Prado.
Dijo además que las personas de la comunidad Lgbtiq+ enfrentan “formas diferenciadas de violencia, discriminación y estigmatización sistemática", ya que no existen políticas públicas con enfoque interseccional.
Al referirse a los muertos en cárceles, Prado indicó que 62,86% de los casos, equivalente a 66 fallecidos, estuvo asociado a condiciones de salud, y el resto, es decir 39 personas, por violencia.
Además, se contabilizaron 35 heridos, en su mayoría como consecuencia de motines, acciones represivas y enfrentamiento entre reclusos; 23 fugas, para un total de 36 evadidos, y 5 huelgas que involucraron al menos a 5.000 privados de libertad.
La misma realidad de las cárceles se vive en los Centros de Detención Preventiva, conocidos también como calabozos policiales. En estos espacios hubo 40 muertos, 23 de ellos por condiciones de salud y falta de atención médica oportuna; 39 heridos; 56 fugas y 8 huelgas.
El Rodeo: ¿El nuevo centro de tortura?
Una parte del informe está dedicado al Internado Judicial Capital El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda. ¿El nuevo centro de tortura de Venezuela?, se pregunta el OVP.
Según la ONG en este reclusorio los presos permanecen en celdas solitarias de 2×2 metros, sin ventilación, donde solo hay una cama de cemento; una colchoneta (de goma espuma) y una letrina.
La alimentación que provee el Estado no es suficiente ni balanceada. “La mayoría come arepa sin relleno", dijo Prado.
En este penal los reclusos son sometidos a aislamientos prolongados, sin tener contacto físico; son expuestos a altas temperaturas y están propensos a contraer enfermedades.
“Hay presos políticos que tienen hasta 15 días continuos con diarrea; otros con hongos en los pies y continúan bajando de peso, mientras que su salud mental está deteriorada", acotó.
El informe revela que el personal de la cárcel no está identificado, solo porta uniforme negro, capuchas del mismo color y una distinción con un seudónimo en el brazo izquierdo, mientras que las visitas familiares son intimidatorias.
28 de julio: un capítulo oscuro
Lo ocurrido después de la elección presidencial del 28 de julio fue catalogado por el OVP como un capítulo oscuro en la historia de Venezuela, a propósito de la “represión poselectoral".
Arrestos sin orden judicial ni flagrancia real; desapariciones forzadas momentáneas; audiencias telemáticas a altas horas; presentaciones fuera del lapso legal; imputaciones como instigación al odio y terrorismo sin pruebas; la imposición de defensores públicos sin acceso al expediente; familiares y abogados sin conocimiento de la causa; detenidos obligados a grabar videos incriminatorios y aislamientos prolongados de hasta al menos 10 meses «formaron parte del patrón represivo».
El OVP documentó la muerte de cuatro presos políticos por falta de atención médica: Marino Lugo Aguilar, Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González.
Uno de los elementos que destaca el informe es la detención arbitraria de al menos 158 adolescentes «durante la represión postelectoral». El OVP documentó casos de jóvenes golpeados, incomunicados, sin contar con abogados de confianza ni contacto con sus familias.
Lesa humanidad
En su informe anual, el OVP también alerta que las prácticas documentadas configuran patrones que deben ser analizados como posibles crímenes de lesa humanidad.
Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las torturas físicas y psicológicas, las muertes bajo custodia y la represión sistemática contra opositores y ciudadanos comunes, son compatibles con las definiciones establecidas en el artículo 7 del Estatuto de Roma, destacó Prado.
La organización emitió una serie de recomendaciones urgentes, entre ellas, la liberación inmediata de todos los presos políticos y adolescentes detenidos, el cese de la incomunicación y del aislamiento prolongado como forma de castigo, el respeto al debido proceso, la garantía de condiciones mínimas de vida, salud y alimentación, así como la investigación independiente de todas las muertes ocurridas bajo custodia del Estado.
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