La organización no gubernamental Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi) denunció que el Ministerio de Educación ha despedido, al menos, a 40.000 docentes activos en el año escolar 2024-2025.
“Las víctimas, en su mayoría, son madres y padres de familia, personal con reposo médico, incapacidad, fuero maternal, fuero sindical o reincorporación postnatal", indicó Gricelda Sánchez, coordinadora nacional de Fordisi.
“Se ha intensificado una práctica administrativa que afecta directamente al sistema educativo venezolano: la suspensión arbitraria de salarios a docentes, personal administrativo y obreros por parte del Ministerio Poder Popular para la Educación (MPPE), bajo la gestión del abogado Héctor Rodríguez, con lo cual se violan los derechos de los trabajadores y se impacta de manera negativa a cinco millones de niñas, niños y jóvenes", indicó.
La denunciante alertó que algunos docentes han sido suspendidos hasta cuatro veces en lo que va de año escolar. “En ninguno de los casos media un expediente administrativo, por lo que se viola el debido proceso, así como el derecho a la defensa. Es totalmente inadmisible que primero se suspenda el salario y después se intente averiguar qué pasó", acotó.
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La dirigente sindical explicó que la suspensión arbitraria de salarios docentes vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia, viola las garantías básicas establecidas tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) y contradice compromisos internacionales asumidos por Venezuela, entre ellos, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
8.000 educadores en junio
Gricelda Sánchez remarcó que las autoridades están procesando listados “como si se tratara de datos fríos, sin contexto humano, lo cual es digno de todo rechazo"
“Fordisi estima que más de 8.000 docentes han sido afectados por la oleada de suspensiones masivas en la quincena del 10 de junio del presente año, previo a las vacaciones escolares", señaló.
Esta situación la calificó de preocupante, ya que se aproxima el pago del bono vacacional y muchos maestros podrían quedarse sin sus pagos.
Sánchez alertó que hay instituciones educativas donde 100 % del personal docente ha sido suspendido y miles de estudiantes se quedaron sin recibir clases.
La líder del sector educativo considera que hay una contradicción entre esta política y los discursos oficiales sobre estabilidad laboral y reingreso de jubilados. “En lugar de estabilizar al personal, lo están castigando con mecanismos ilegales que destruyen la calidad educativa y el bienestar de las familias", apuntó.
Silencio oficial
Sánchez hizo un llamado a la OIT y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investiguen esta política sistemática, la declaren contraria al derecho internacional y exijan reparación a las víctimas.
“No puede haber impunidad frente a la destrucción planificada del sistema educativo nacional", remarcó.
Cuestionó que, hasta la fecha, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, no haya ofrecido declaraciones públicas ni respondido a las solicitudes formales de reunión presentadas por el gremio docente.
La organización sindical exigió a Rodríguez asumir responsabilidad directa en la política de despidos masivos a docentes y detener lo que califican como una forma de violencia institucional sistemática contra el magisterio venezolano.
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