Miranda.- Familiares de un grupo de funcionarios castrenses que están detenidos en el Centro de Procesados y Penados Militares (Cepropemil), región Central, en el Fuerte Guaicaipuro, ubicado en Charallave, estado Miranda, informaron que sus parientes iniciaron una huelga de hambre para demandar atención médica y corren peligro, aseguraron.
A través de un video que subió a sus redes sociales, Lisnel Hernández, esposa del sargento mayor de tercera Geomer Narciso Martínez Natera, arrestado desde 2019, informó que el 19 de octubre uno de los compañeros de habitación de su esposo se cayó de una litera, en las denominadas tumbas, y no recibió atención médica, solo una pastilla.
Los detenidos realizaron una protesta por la apatía de las autoridades y, en medio de la queja, “los custodios los amenazaron con darles una sorpresita", reveló la denunciante.
«Temo por la integridad física de mi esposo y sus compañeros. Hago responsables de lo que les pueda suceder al general Luis Marcel Ojeda Araujo; al director, coronel José Manuel Bello Pérez, y al mayor del régimen Adán André Abad Zambrano», dijo Hernández en el video.
Amenaza de secuestro
Sandra Hernández, esposa del militar Luis Bandres, denunció además que “los civiles que están en ese recinto, que son de alta peligrosidad, han amenazado con secuestrar a nuestros familiares para conseguir beneficios, ya que, en el motín anterior, ocurrido el 17 de septiembre, les ofrecieron una serie de cosas que no han cumplido".
En un video que publicó en su cuenta de la red X, Hernández indicó que teme por la integridad física y la salud de su esposo, porque ese recinto penitenciario está en condiciones precarias. “Pido auxilio", clamó.
Caso Cotiza
Los militares detenidos en el Fuerte Guaicaipuro están acusados de sublevarse el 21 de enero de 2019 y de intentar tomar por la fuerza el comando de la Guardia Nacional (GN) de Cotiza, Caracas, para desconocer al gobernante Nicolás Maduro, en medio de manifestaciones antigubernamentales.
Uniformados de la Fuerza Armada Nacional (FAN) tomaron el lugar y detuvieron a los participantes, quienes fueron condenados a cumplir entre 7 y 15 años de prisión por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín, desobediencia, sustracción de efectos pertenecientes a la FAN y ultraje.
Un mes después de la detención, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que los funcionarios de la Guardia Nacional detenidos eran víctimas de torturas. Según Romero, los obligaban a inculpar a dirigentes de oposición por su acto de sublevación.
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