Caracas.– El Parlamento Europeo aceptó este miércoles 9 de julio la inclusión de Venezuela en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La decisión implica que las entidades financieras europeas deberán aplicar una mayor vigilancia en las transacciones que involucren a entidades establecidas en el país.
Esta medida fue aprobada después de que la Eurocámara decidiera no objetar la lista propuesta por la Comisión Europea el pasado 10 de junio. Esta actualización representa un cambio significativo, ya que el Parlamento había rechazado un repertorio inicial presentado en abril de 2024.
Venezuela entra, Panamá sale
Con esta actualización, Venezuela se une a otros países como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco y Nepal en el listado de alto riesgo.
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Por el contrario, Panamá, Gibraltar, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos (EAU) han sido retirados de esta lista. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reaccionó positivamente en la red social X, calificando la salida como un «reconocimiento al trabajo serio que estamos haciendo como país». Panamá, que fue epicentro del escándalo de los «Panama Papers» en 2016, ha implementado reformas legales, incluyendo la penalización de la evasión fiscal, lo que le permitió salir en 2023 de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Implicaciones y reacciones
Es importante señalar que la inclusión en esta lista no implica sanciones directas, pero sí exige una «mayor vigilancia» en las operaciones financieras para «proteger el sistema financiero de la UE», según la Comisión Europea. Esta lista es distinta de la de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la Unión Europea.
La Comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, había destacado en junio que la identificación de territorios de «alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE».
Por su parte, el gobierno de Venezuela había calificado previamente la inclusión en este tipo de listados como «ridícula», señalando que el verdadero riesgo radica en la «incapacidad de la propia UE para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad».
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