Caracas.- La empresa petrolera North American Blue Energy Partners (Nabep), propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, informó este martes 13 de octubre que recibió dos taladros de perforación en Venezuela durante la última semana, como parte de sus operaciones para incrementar la producción petrolera en campos que le fueron otorgados sin un proceso público de licitación.
La compañía, que recientemente anunció una asociación con el gobierno de Estados Unidos para sus proyectos en Venezuela, detalló en un comunicado que estos equipos se incorporarán a sus planes de expansión de infraestructura y producción.
Nabep señaló que también se encuentra en proceso de desplegar otros 11 taladros de reacondicionamiento con capacidad de 550 caballos de fuerza. Asimismo, aseguró que adquirió de manera independiente un lote de 60 taladros, 30 calderas de vapor y 70 piezas de maquinaria pesada para fortalecer su flota en Venezuela.
“Nabep está haciendo un progreso serio y constante en el aumento de la producción petrolera. Cada taladro que llega a Venezuela nos acerca más a alcanzar nuestros objetivos de producción y a revitalizar la economía de nuestro país", afirmó Betancourt, citado en el comunicado.
La empresa asegura que controla los derechos de comercialización de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas —P1— de petróleo en Venezuela y que proyecta invertir cerca de 100.000 millones de dólares para incrementar la producción y mejorar la infraestructura petrolera y gasífera.
Nabep también afirma que está expandiendo rápidamente sus operaciones en el lago de Maracaibo y la Faja Petrolífera del Orinoco y que pretende elevar la producción a más de un millón de barriles diarios “en el corto plazo".
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Campos otorgados sin licitación
La expansión de Nabep ocurre después de que la administración de Delcy Rodríguez le otorgara acceso a importantes activos petroleros venezolanos sin que se conozca la realización de un proceso competitivo de licitación pública.
El acuerdo ha generado cuestionamientos tanto en Venezuela como en Estados Unidos sobre los criterios utilizados para seleccionar a la empresa, las condiciones bajo las cuales recibió los campos, el valor de los activos comprometidos y los mecanismos establecidos para supervisar los ingresos provenientes de su explotación.
El gobierno de Estados Unidos posteriormente anunció su participación en la operación de Nabep en Venezuela, lo que convirtió a una empresa controlada por Betancourt en una pieza relevante de la nueva relación energética entre Washington y Caracas.
Legisladores demócratas del Congreso estadounidense han solicitado explicaciones y documentos relacionados con el acuerdo.
Los representantes Gregory Meeks, principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Joaquín Castro, principal demócrata del Subcomité para el Hemisferio Occidental, reclamaron al secretario de Estado, Marco Rubio, información sobre las negociaciones y cuestionaron la falta de documentación entregada al Congreso.
En Venezuela, académicos, dirigentes políticos y analistas también expresaron su rechazo al acuerdo mediante un manifiesto conjunto, en el que cuestionaron las condiciones bajo las cuales fueron comprometidos activos petroleros pertenecientes al Estado venezolano.
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De Derwick a Nabep
El protagonismo de Betancourt en el nuevo negocio energético venezolano tiene un antecedente que se remonta a la emergencia eléctrica decretada durante el gobierno de Hugo Chávez.
Betancourt fue uno de los principales accionistas de Derwick Associates, una empresa que, pese a no poseer una trayectoria reconocida en la construcción de grandes proyectos termoeléctricos, obtuvo aproximadamente una docena de contratos del Estado venezolano durante la crisis eléctrica iniciada entre 2009 y 2010.
El valor conjunto de aquellos proyectos fue estimado en alrededor de 2.000 millones de dólares.
Derwick contrató a la estadounidense ProEnergy Services para suministrar equipos y desarrollar parte de los proyectos. Investigaciones periodísticas posteriores documentaron diferencias significativas entre los precios presentados por ProEnergy y los montos finalmente cobrados al Estado venezolano por Derwick.
Uno de los casos documentados fue la planta termoeléctrica de Picure. El presupuesto de ProEnergy rondaba los 32,6 millones de dólares, mientras que Derwick habría facturado al Estado venezolano aproximadamente 79 millones.
Los representantes de Betancourt han sostenido que las diferencias de precios respondieron a los riesgos financieros, comerciales y operativos asumidos por la compañía.
Los contratos de Derwick fueron cuestionados durante años por dirigentes de la oposición venezolana, organizaciones dedicadas a investigar la corrupción y medios nacionales e internacionales debido a la forma en que fueron adjudicados, la experiencia previa de la empresa y los costos de los proyectos.
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Una crisis eléctrica que no terminó
Más de 15 años después de aquella emergencia que convirtió a Derwick en uno de los grandes contratistas del sector eléctrico venezolano, los problemas de generación, transmisión y distribución de electricidad persisten en buena parte del país.
Los apagones y las fluctuaciones de voltaje continúan afectando viviendas, comercios y centros hospitalarios.
La Encuesta Nacional de Hospitales registró al menos 494 muertes atribuibles a fallas eléctricas en hospitales entre 2019 y 2022. En 2023 documentó otras 167, lo que eleva a por lo menos 661 los fallecimientos registrados durante esos cinco años.
Una revisión de archivos periodísticos realizada por El Pitazo también ha identificado al menos nueve muertes por intoxicación con monóxido de carbono producido por plantas eléctricas utilizadas como alternativa durante interrupciones del servicio.
A esos casos se suma una muerte ocurrida este mes en Maracaibo. Una bebé murió después de sufrir quemaduras por un incendio generado en su casa después de un bajón eléctrico.
El Pitazo informó este 13 de octubre que Ailany Victoria Villalobos Ferrer, una bebé de tres meses, murió después de permanecer nueve días en cuidados intensivos por las graves quemaduras que sufrió durante un incendio ocurrido en su vivienda.
El hecho se registró el 1 de octubre en el sector Lilia Perozo del barrio Integración Comunal, al sur de Maracaibo, estado Zulia.
Según el reporte, Ailany dormía en su cuna cuando una fluctuación eléctrica provocó la explosión del protector del aire acondicionado de la habitación. Las llamas se propagaron por el cuarto y alcanzaron a la bebé.
Su madre también sufrió quemaduras cuando intentó rescatarla. Ailany murió el 10 de octubre en el Hospital Coromoto de Maracaibo.
El caso corresponde a una categoría diferente de las muertes registradas en hospitales por interrupciones del servicio y de las intoxicaciones ocasionadas por plantas eléctricas: la bebé murió como consecuencia de las quemaduras sufridas durante un incendio que, según el reporte recogido por El Pitazo, se originó tras una fluctuación eléctrica.
El episodio vuelve a mostrar las consecuencias de una crisis eléctrica que permanece sin resolverse más de una década después de que el Estado venezolano destinara miles de millones de dólares a contratos de emergencia para incrementar la generación.
Ahora Betancourt, uno de los empresarios que recibió contratos multimillonarios durante aquella emergencia eléctrica, vuelve a ocupar un lugar central en el sector energético venezolano, esta vez mediante Nabep y los campos petroleros que le fueron asignados sin licitación.