Caracas.- La llegada a Venezuela de equipos petroleros usados desde Estados Unidos abre una interrogante que va más allá de su estado de conservación: ¿quién asumirá los costos y riesgos de esa maquinaria? Este punto es analizado este 14 de septiembre por el director de El Pitazo, César Batiz, en el programa Punto y Contexto.
La interrogante surge después de que Reuters reportara este 14 de septiembre que taladros, bombas, camiones, equipos de perforación y otros implementos petroleros usados están siendo comprados en subastas y enviados hacia Venezuela como parte de los esfuerzos para recuperar la producción de crudo, al tiempo que documentó el movimiento de maquinaria desde estados como Texas, Oklahoma y Colorado hacia puertos venezolanos como Guanta y Maracaibo.
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Reuters señala que algunos de estos equipos tienen miles de horas de uso y son vendidos en subastas sin garantías: uno de los casos mencionados por la agencia es el de un camión adquirido por 24.000 dólares que acumulaba 5.551 horas de motor y más de 140.000 millas recorridas; en este sentido, la falta de historiales verificables de mantenimiento e inspección también genera preocupación entre las aseguradoras.
De acuerdo con el director de El Pitazo, esto no significa que toda maquinaria usada sea inservible, pues los equipos reacondicionados forman parte de la industria petrolera y pueden permitir reducir costos o recuperar operaciones con mayor rapidez, el problema aparece cuando no existe suficiente información para determinar en qué condiciones llegan, cuánto tiempo pueden operar y quién responde si fallan.
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Y allí aparece una segunda pregunta: ¿quién paga?
Los contratos mediante los cuales empresas privadas participan actualmente en la recuperación de la industria petrolera venezolana no están disponibles públicamente en su totalidad, por eso resulta difícil determinar si los gastos asociados con la compra, traslado, reparación e instalación de estos equipos serán asumidos completamente por las compañías o si podrán ser contabilizados posteriormente como costos recuperables de los proyectos.
La diferencia puede ser importante
Si una empresa compra una máquina usada por un millón de dólares y posteriormente registra mayores costos de reparación, transporte o instalación dentro de la operación petrolera, habría que conocer qué parte de esos gastos puede recuperar con los ingresos generados por la producción.
No se puede afirmar, sin revisar los contratos, que exista un sobreprecio o que las empresas estén trasladando esos costos al Estado. Lo que sí puede señalarse es que la falta de transparencia contractual impide conocer con precisión quién asume esos riesgos y cómo se distribuyen los ingresos petroleros.
La preocupación financiera coincide además con otra realidad que ha sido documentada durante años en el Lago de Maracaibo: los riesgos ambientales y laborales asociados con una infraestructura petrolera deteriorada.
Una investigación publicada por El Pitazo, medio dirigido por el periodista de investigación César Batiz, reportó el pasado 8 de septiembre que la organización Azul Ambientalistas denunció derrames de petróleo y fugas de gas en las costas de Cabimas, y es que, según la organización, los derrames se habían observado durante semanas y estaban afectando zonas utilizadas por pescadores artesanales.
El reporte también señala que, para ese momento, PDVSA no había informado públicamente sobre planes de contingencia para recoger el material contaminante o controlar las fugas denunciadas.
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El antecedente laboral también es relevante. En diciembre de 2016, El Pitazo informó sobre un incendio en un turbogenerador del Complejo Lamargas-Lago, en Bachaquero, que dejó dos trabajadores muertos, otro herido y 32 empleados evacuados. Los fallecidos realizaban labores de mantenimiento correctivo cuando ocurrió el incendio, según la información suministrada entonces por PDVSA.
Estos episodios no permiten establecer que los futuros accidentes estén relacionados con la maquinaria usada que actualmente llega desde Estados Unidos. Pero sí muestran por qué la revisión técnica y la supervisión de los equipos son asuntos de interés público.
Una bomba deteriorada, una válvula defectuosa o un sistema eléctrico con mantenimiento insuficiente pueden generar una falla operacional. En determinadas circunstancias, esa falla podría traducirse en un incendio, un derrame o un accidente laboral.
Por eso, antes de que la maquinaria entre plenamente en funcionamiento, deberían conocerse respuestas a preguntas básicas: ¿quién inspeccionó los equipos?, ¿qué historial de mantenimiento tienen?, ¿cuántas horas de operación acumulan?, ¿quién certificó su vida útil?, ¿participó PDVSA en las inspecciones? y, sobre todo, ¿quién responderá económicamente si alguno de esos equipos provoca un accidente o daño ambiental?
Reuters recogió precisamente la preocupación de especialistas del sector asegurador sobre la ausencia de registros verificables de mantenimiento e inspección; asimismo, también reportó que algunas empresas están adquiriendo equipos directamente de propietarios y operadores para poder verificar su condición técnica antes de enviarlos a Venezuela.
Venezuela necesita recuperar su industria petrolera después de años de caída de la producción, falta de inversión y deterioro de sus instalaciones. Reuters estima que la producción venezolana ronda actualmente los 1,25 millones de barriles diarios, muy por debajo de los niveles superiores a tres millones de barriles diarios registrados a finales de la década de 1990.
Utilizar equipos usados o reacondicionados puede formar parte de esa recuperación, pero lo que no debería acompañar esa estrategia es la opacidad.
La recuperación de la industria petrolera puede necesitar equipos usados, pero lo que Venezuela no debería repetir es una recuperación sin información suficiente sobre sus costos, sus contratos y sus riesgos.