Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro rechazó categóricamente este lunes, 21 de agosto, el dictamen de un juez en Estados Unidos a favor de la energética estadounidense ConocoPhillips, que autoriza a la compañía a ejecutar un laudo arbitral de hasta 8.700.000 de dólares, «en perjuicio del patrimonio de todos los venezolanos».
El fallo es fruto de la expropiación, por orden del fallecido presidente Hugo Chávez en el año 2007, de activos petroleros de la compañía en Venezuela, cuyo Gobierno fue llevado a los tribunales, que dictaminaron, ya en 2013, que la confiscación fue ilegal, rechazando las objeciones de Venezuela dos años después, con Nicolás Maduro en el poder.
A esta sentencia se sumó en 2019 el dictamen del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, que falló que el gobierno de Venezuela debía pagar 8.000 millones de dólares a ConocoPhillips para compensar una expropiación de activos petroleros en 2007.
Ahora fue un juez estadounidense quien emitió una orden que obliga al al gobierno de Maduro a cumplir con el laudo arbitral de 2019, que continúa pendiente de pago.
El gobierno de Nicolás Maduro alega que esta decisión es injusta y «fraguada violando el derecho de Venezuela a la defensa», y en complicidad con los opositores Juan Guaidó y José Ignacio Hernández.
«Esta injusta decisión ha sido fraguada violándosele a la República Bolivariana de Venezuela su derecho a la defensa y en complicidad con extremistas venezolanos, entre los que se encuentran Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, quienes usurpando funciones públicas actuaron en componenda para favorecer a ConocoPhillips en el caso en cuestión», señalan los representantes de Maduro en un comunicado.
El gobierno de Maduro dice que, con esta írrita e ilegal decisión, se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras mediante fraudes procesales.
En ese sentido hicieron un llamado a la comunidad internacional por las «evidentes maniobras con las que se pretende justificar el expolio y el fraude contra una nación soberana», pues, con esta medida, EE.UU. «no solo viola el Derecho Internacional, sino que pone en evidencia la ausencia de garantías y de justicia» para cualquier país.
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