Caracas.- El economista Alejandro Grisanti, director de la firma Ecoanalítica, manifestó escepticismo ante el anuncio de la administración de Delcy Rodríguez relacionado con la activación del programa Venezuela Renace, que promete otorgar créditos para la adquisición de viviendas en un plazo de cinco días hábiles. El experto señaló que, dadas las condiciones actuales del país, no ve posibilidades de que este lapso se materialice.
Uno de los mayores obstáculos para la banca, según Grisanti, es la destrucción del sistema de evaluación de riesgos en Venezuela. Durante una entrevista en el programa La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), el economista coincidió en que los mecanismos tradicionales, como el historial de pagos y el uso de instrumentos financieros, han desaparecido para la mayoría de la población.
“Difícilmente tengan tarjeta de crédito, porque las tarjetas de crédito desaparecieron en Venezuela. Difícilmente tengan un crédito o dinero en las cuentas bancarias", explicó, haciendo referencia a la falta de un credit score o récord crediticio que permita a los bancos públicos o privados medir la capacidad de pago de un solicitante.
A esta carencia de datos financieros se suma la crisis laboral en las regiones más impactadas por los sismos, especialmente en el litoral central. Grisanti destacó que las plazas de trabajo en sectores como el portuario, aeroportuario y turístico están sumamente disminuidas o cerradas.
“Muy difícilmente tengan trabajo… por lo que no lo veo con posibilidades de que se puedan materializar (los créditos) en un futuro relativamente cercano, mucho menos que lo puedan aprobar en cinco días", sentenció.
Riesgos macroeconómicos
La propuesta gubernamental incluye subsidios de hasta el 80 % para viviendas de hasta 70.000 dólares y del 50 % para inmuebles de hasta 100.000 dólares. Para Grisanti, la principal preocupación radica en cómo se financiará esta ayuda masiva. Advirtió sobre la «trampa de monetizar» la emergencia, lo que implicaría que el Banco Central de Venezuela imprima dinero sin respaldo para cubrir los montos.
“Si el gobierno asume esa vía, al final todos los venezolanos vamos a terminar pagando en inflación esa casa", alertó, señalando que la emisión descontrolada de moneda se traduce en una caída del poder adquisitivo para toda la población. Grisanti recordó que el Estado venezolano se encuentra en una posición financiera «muy débil», en situación de impago (default) y sin acceso a crédito multilateral de organismos como el BID, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Propuesta para la reconstrucción
Según las estimaciones de Ecoanalítica, los daños causados por la tragedia son masivos. Solo en edificaciones residenciales, el monto asciende a 11.900 millones de dólares, de los cuales más de 9.000 millones corresponden a la zona de Caracas, Vargas y Miranda. En cuanto a infraestructura, se calculan daños por 5.100 millones de dólares, concentrados mayoritariamente en el sistema eléctrico del centro del país.
Ante la baja capacidad de respuesta estatal, Grisanti propone bajar el encaje legal del 73 % actual al 68 %, destinando esos cinco puntos liberados exclusivamente a créditos para la compra de materiales como bloques, cemento y cabilla, permitiendo que la banca privada participe en la solución. Otro de sus planteamientos es la creación de un ente con participación pública, privada, académica y de expertos internacionales que tenga la credibilidad necesaria para gestionar fondos y recursos congelados en el exterior, evitando las limitaciones de las sanciones.
Tres bancos habilitados
El Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro ya habilitaron la recepción de recaudos. Los pasos para hacer la solicitud incluyen la verificación de los bancos para confirmar las agencias habilitada, la descarga de recaudos desde la web o en la agencia y consignación de los documentos en las oficinas del banco.
Luego de esos pasos, el banco analizará la capacidad financiera, y la Comisión Presidencial de Habitabilidad debe certificar que el inmueble perdido era la vivienda principal y que fue afectado por el sismo (categoría roja). Tras la aprobación, se firma el contrato ante el Saren y se liquida el pago al vendedor del inmueble en el mercado secundario.
El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco, informó que los beneficiarios de estos créditos especiales recibirán un año de gracia antes de comenzar a amortizar el capital.