Caracas.- Contrario a un proceso dolarización oficial que ha sido objeto de debate en las últimas semanas, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) propuso la adopción de un modelo económico bimonetario formal en Venezuela, tomando como referencia el sistema implementado en Perú para brindar estabilidad financiera, frenar la inflación y recuperar la confianza en la moneda nacional.
“Nosotros en Consecomercio somos mucho más dados a un proceso bimonetario, del cual estamos tomando como referencia para hacer los planteamientos el sistema peruano, un sistema que ha dado unos resultados exitosos en muy corto tiempo", dijo este miércoles 9 de septiembre el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez.
Rodríguez explicó que, aunque el dólar es utilizado de facto en la dinámica diaria del país, su funcionamiento se mantiene bajo un esquema de informalidad que limita el desarrollo productivo. Ante esta realidad, el dirigente gremial señaló la necesidad de realizar modificaciones legales y estructurales que permitan formalizar la circulación de la divisa estadounidense en una economía más abierta.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por Consecomercio, en el sistema financiero nacional existen más de 15.500 millones de dólares bancarizados y represados que no están apalancando el desarrollo económico. A esta cifra se suman montos superiores a los 4.000 y 5.000 millones de dólares provenientes de remesas, intermediaciones y negociaciones comerciales que circulan en el ecosistema ciudadano sin poder canalizarse hacia el crédito de sectores estratégicos.
Para corregir estas distorsiones, el presidente de Consecomercio planteó la revisión de los convenios cambiarios del Banco Central de Venezuela (BCV) y la modificación de la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). Según indicó, la alícuota del 3 % del IGTF —que puede elevarse hasta un 6% o 9% según las modalidades de comercialización— representa una penalización que desestimula el reingreso del dinero en efectivo al sistema bancario formal.
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El representante gremial contrapuso la situación crediticia local con la del resto del continente. En Venezuela, la cartera de crédito bancario representa un promedio cercano al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de la región alcanza aproximadamente el 50 % del PIB. Rodríguez subrayó que formalizar el uso del dólar para otorgar y saldar préstamos en esa misma divisa permitiría expandir el financiamiento a sectores como el turismo, la agroindustria, la industria farmacéutica y la alimentaria sin generar impacto inflacionario.
Confianza e independencia institucional: la experiencia de Perú
El modelo bimonetario propuesto por Consecomercio toma como base la experiencia de Perú, nación que logró afianzar su estabilidad macroeconómica mediante la autonomía plena de su autoridad monetaria.
“La confianza no es una palabra que solo puede escribirse en un texto de naturaleza legal, sino que es una hoja de ruta que se construye", sostuvo el presidente de Consecomercio. El dirigente destacó que, a pesar de las crisis políticas y los frecuentes cambios presidenciales en Perú, la estabilidad económica se ha mantenido inalterada gracias al respeto institucional hacia el Banco Central de ese país, cuyo presidente suma 20 años en el cargo con plena autonomía.
Por su parte, el analista financiero Leonardo Buniak respaldó el análisis sobre el esquema peruano y resaltó cómo la disciplina de su banca central fortaleció la moneda local frente a la divisa estadounidense.
“El sol peruano goza de plena y absoluta autonomía porque el gobierno central peruano no puede incidir en la rigidez de la política monetaria", explicó el analista financiero. El economista precisó que el banco central de ese país proyecta metas de inflación anuales situadas entre el 1% y el 3% para el año 2027, lo que otorga previsibilidad y credibilidad a los agentes económicos.
Impacto del acuerdo petrolero en el comercio
Al abordar el entorno macroeconómico, los voceros analizaron las implicaciones del acuerdo bilateral en materia energética suscrito entre Venezuela y Estados Unidos. Rodríguez valoró de forma positiva el convenio al señalar que permite comercializar el petróleo venezolano a precios internacionales de referencia, superando el escenario previo en el que el crudo se vendía en mercados secundarios con descuentos promedio del 30 % debido a las sanciones y restricciones.
“La actividad petrolera va a desencadenar para el sector comercio y servicios una importante actividad económica en la cual nosotros aspiramos a aprovechar en un promedio entre el 20 % y el 30 % de ese beneficio económico", señaló el presidente de Consecomercio.
Rodríguez enfatizó que la reactivación de la industria petrolera genera una alta demanda de servicios conexos en zonas operativas como Lagunillas, Anaco, Santomé, Puerto La Cruz, Guárico y Falcón, abarcando rubros como transporte, alimentación, medicina, repuestos, hospedaje y mantenimiento electromecánico. Asimismo, recordó que el sector comercio y servicios aporta casi el 40 % del PIB nacional.
En este mismo ámbito, Buniak expuso las proyecciones cuantitativas del acuerdo energético. Detalló que el convenio contempla una inversión estimada de 100.000 millones de dólares durante un lapso de 25 a 50 años para la exportación de unos 65.000 millones de barriles de petróleo, proyección que generaría ingresos fiscales superiores a los 210.000 millones de dólares en los próximos 25 años por concepto de tributos y regalías.
“Si el sector productivo nacional se prepara para capitalizar esta oportunidad que se deriva del ambiente externo, esa cifra puede estar entre 30.000 millones y 60.000 millones de dólares", afirmó Buniak. El analista explicó que los sectores no petroleros —incluidos el comercio, los servicios, la industria, la construcción, el turismo y la farmacéutica— están en capacidad de capturar entre el 30 % y el 60 % de la inversión total en forma de demanda doméstica acumulada.
Buniak proyectó que, para el año 2027, la captación de demanda doméstica por la ejecución de infraestructura local y servicios podría ubicarse entre 1.500 y 2.500 millones de dólares durante el primer semestre, duplicando sus montos en los períodos subsiguientes.
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Disciplina fiscal
Respecto a las causas del fenómeno inflacionario, Buniak indicó que la inflación obedece fundamentalmente a la falta de disciplina fiscal y al financiamiento monetario del déficit por parte del Banco Central de Venezuela (BCV).
El economista ilustró la situación con cifras del primer semestre de 2026, período en el cual el país contabilizó cerca de 13.000 millones de dólares por ingresos petroleros. De dicho monto, más de 7.100 millones de dólares fueron destinados a intervenciones en el mercado cambiario para reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Buniak advirtió que la emisión monetaria sin respaldo para cubrir gastos estatales genera presiones que alimentan la espiral inflacionaria.
En cuanto a la posibilidad de una dolarización formal, Buniak consideró que esa medida representa una “cirugía mayor". Sin embargo, reveló que la firma de un memorando de entendimiento entre el BCV y Numisma Bank, que opera con la Reserva Federal, busca establecer una arquitectura de transmisión monetaria. Este mecanismo logístico facilitará la provisión ordenada de billetes en efectivo y moneda metálica para reemplazar las piezas monetarias deterioradas que circulan en el país.
Fallas eléctricas restringen la capacidad operativa
Rodríguez reportó que los cortes en el suministro eléctrico afectan severamente la actividad comercial. Mencionó que el 70 % de la generación eléctrica nacional depende de la central hidroeléctrica del Guri y de complejos como Uribante Caparo, mientras que las plantas termoeléctricas, que en el pasado cubrían el 30 % de la demanda bajo la administración de más de 11 empresas privadas, se encuentran desatendidas.
Frente a esta coyuntura, el presidente de Consecomercio solicitó a la empresa estatal Corpoelec la publicación de los cronogramas de cortes eléctricos. Aclaró que la falta de información compromete la cadena de frío de alimentos y medicinas en los establecimientos.
Finalmente, Rodríguezdetalló que solo el 30% de los comercios cuenta con capacidad para autogenerar electricidad mediante plantas privadas. Indicó además que el 70 % de la población realiza sus compras en pequeñas bodegas y abastos de barriada que carecen de capital para adquirir plantas eléctricas o generadores, por lo que solicitó el diseño de planes de atención crediticia prioritaria para proteger a los pequeños comerciantes mientras se recupera el sistema eléctrico nacional.



