Caracas.- El Banco Central de Venezuela (BCV) endureció esta semana las condiciones financieras del país mediante el incremento en las penalizaciones asociadas a los déficits de encaje legal y ajustes al alza en las tasas mínimas activas y pasivas. Las medidas buscan elevar los mecanismos de absorción monetaria ante la expectativa de un incremento en la ejecución del gasto público durante los próximos meses y una menor liquidez de divisas disponibles en el mercado oficial.
En su artículo La banca antinatura, el economista Asdrúbal Oliveros explica que esta estrategia gubernamental intenta limitar la demanda de dólares restringiendo la circulación de bolívares en el sistema bancario comercial. “Como el Gobierno teme que los bolívares prestados por los bancos terminen comprando dólares, limita la capacidad de los bancos para prestar", señaló.
Las proyecciones para las próximas semanas anticipan un escenario complejo en la relación entre la moneda nacional y la divisa estadounidense. Mientras las autoridades prevén un aumento en la circulación de bolívares impulsado por el gasto fiscal, la asignación oficial de divisas prevista para septiembre disminuirá a unos 1.400 millones de dólares, monto por debajo del promedio liquidado en el trimestre previo. Esta combinación provocará que una mayor cantidad de bolívares busque cobertura en un mercado con menor oferta de dólares.
Ante esta presión cambiaria e inflacionaria, el ente emisor optó por intensificar la contención de la liquidez sobre el sistema financiero. “El Banco Central parece estar preparándose para ese escenario reforzando los mecanismos de absorción monetaria, encareciendo el incumplimiento del encaje y tratando de mantener bajo control la expansión del crédito", explicó el economista Asdrúbal Oliveros.
En la actualidad, la banca venezolana opera esencialmente como una plataforma transaccional para el procesamiento de pagos y operaciones de cambio, pero enfrenta obstáculos para transformar el ahorro en financiamiento productivo. Al cierre de julio de 2026, la cartera crediticia del sistema rondaba los 4.000 millones de dólares, cifra equivalente a un 3,6 % del Producto Interno Bruto (PIB). Pese a representar un avance frente al 0,65 % del PIB registrado a comienzos de 2021, continúa en niveles sumamente bajos para sostener las necesidades de la economía.
En América Latina, la relación promedio entre la cartera de crédito y el PIB se ubica en torno al 30 %, lo que refleja la brecha existente entre Venezuela y la región. “Decir que el crédito ha aumentado con fuerza es correcto; concluir de allí que Venezuela ya tiene un sistema financiero normal sería un error", afirmó Oliveros.
Sanciones por incumplimiento del encaje legal
El principal freno para el otorgamiento de préstamos es la severidad de la política de encaje legal. La regulación vigente obliga a las instituciones bancarias a mantener inmovilizado un 73 % de sus obligaciones netas en moneda nacional, tras haber alcanzado un pico del 85 % en años anteriores. Esta exigencia congela la mayor parte de los depósitos captados del público y reduce drásticamente la materia prima necesaria para la intermediación.
Con el tiempo, el uso del encaje sobrepasó su función prudencial ordinaria para convertirse en un mecanismo directo de contención sobre el tipo de cambio. “En esencia, se convirtió en un instrumento de política cambiaria", apuntó Asdrúbal Oliveros.
El experto explicó que el incremento de las penalizaciones por déficit de encaje genera incentivos para que las entidades financieras mantengan colchones de liquidez excedentaria y restrinjan la entrega de nuevos créditos para evitar sanciones costosas. A la vez, considera que el ajuste en las tasas mínimas no necesariamente ampliará la oferta de financiamiento, sino que encarecerá los recursos disponibles y los concentrará en clientes de muy bajo riesgo corporativo.
En ese sentido, señala que este conjunto de restricciones deteriorará el entorno operativo del sector productivo y de las familias. “El resultado previsible es una combinación particularmente poco favorable para la economía real: menos crédito y más caro", sostuvo.
Impacto en la productividad
La falta de crédito formal obliga a las empresas a operar por debajo de su potencial. Para sostener sus actividades, el parque industrial y comercial debe postergar inversiones en maquinaria, limitar compras de inventarios y financiar capital de trabajo exclusivamente con su flujo de caja corriente o liquidez propia. Esta dinámica limita la productividad y ralentiza la velocidad de la recuperación económica.
Asimismo, el sesgo restrictivo genera marcadas desigualdades dentro del sector empresarial. Las grandes corporaciones con facturación en divisas, patrimonio acumulado o acceso a capital internacional logran adaptarse a este entorno, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los nuevos emprendimientos quedan rezagados por falta de recursos.
La paralización de la intermediación rompe la posibilidad de que proyectos económicamente viables se desarrollen sin contar con patrimonio previo. “Una de las funciones económicas más importantes de la intermediación financiera es precisamente separar, al menos parcialmente, la posibilidad de invertir de la riqueza que ya posee quien quiere hacerlo", destacó el economista.
El análisis advierte que recurrir al sistema bancario para contener la depreciación de la moneda no resuelve las causas de fondo, las cuales tienen raíces fiscales, monetarias e institucionales en el sector público. Inmovilizar los depósitos privados solo traslada el costo de la liquidez estatal hacia las empresas y los hogares.
Aunque una flexibilización drástica del encaje del 73 % podría generar presiones cambiarias si no va acompañada de disciplina fiscal, se plantea la urgencia de diseñar una estrategia gradual de normalización financiera que permita recuperar el crédito. “No podemos pretender conseguir una cosa destruyendo sistemáticamente las condiciones necesarias para la otra", concluyó el economista Asdrúbal Oliveros.