San Felipe.- La familia Aponte Yépez vivió una pesadilla la madrugada del 9 de enero. Ese día, los coordinadores del Voluntariado Con Venezuela en Yaracuy, Judith Yépez y su esposo Germán Aponte, fueron buscados por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) en el marco de la llamada «Operación Tun Tun».
Aunque no lograron encontrarlos, los funcionarios detuvieron a su hijo, Carlos Aponte (25), y a su sobrino, Germán Antillano (34). Tras el procedimiento, ambos jóvenes lograron contactar a Judith por teléfono, con un funcionario del Conas-Chivacoa presuntamente a un lado: “Mamá, aquí nos dicen que si tú vienes a una entrevista nos sueltan", narró un integrante de la familia Aponte Yépez vía telefónica a El Pitazo.
La persecución, según la fuente, tiene un trasfondo político que se remonta al 30 de julio de 2024, cuando Judith publicó en sus redes sociales un video exigiendo justicia por el asesinato de Jhon Graterol (19), ocurrido durante las protestas postelectorales en la parroquia Inmaculada Concepción de Yaracuy. Desde entonces, el alcalde oficialista del municipio Peña, Juan Parada, emitió reiteradas “amenazas" contra esta familia opositora.
El 8 de enero, Parada se refirió nuevamente a la familia Aponte Yépez durante su programa radial. Ese mismo día, empezó a circular en redes sociales un flyer de la «Operación Tun Tun» con las fotografías de cuatro personas, entre ellas Germán Aponte, el padre de Carlos, junto con la dirección residencial de la familia.
Un poco más preocupados por su seguridad, Judith y Germán Aponte decidieron refugiarse en otra casa. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los padres, Carlos subestimó las amenazas y prefirió quedarse en casa debido a un malestar por una virosis.
La madrugada del operativo
Vecinos relataron que hacia la medianoche, aprovechando un apagón que dejó abierto el portón de la urbanización, los funcionarios ingresaron. Germán Antillano, primo de Carlos, llegó a su hogar, ubicado en la misma urbanización, y notó movimientos extraños en la casa de sus tíos, por lo que se acercó inmediatamente. “Ellos son casi hermanos", explicó la fuente.
Los agentes ingresaron tanto a la vivienda de Carlos Aponte como la de su primo Germán, llevándose «casi todo», pero sin presentar una orden de allanamiento, ni detención.
Judith, refugiada, recibió mensajes de su hijo alertando sobre lo ocurrido: “Mamá, le están cayendo a golpes a la puerta". Sin embargo, estaba dormida y no leyó los mensajes hasta las 3:00 a. m., cuando finalmente logró contactar a Carlos, quien ya se encontraba con su primo en la sede del Conas de Chivacoa. Allí le comunicaron que si se presentaba para una entrevista, ambos serían liberados.
Judith, con 34 años de experiencia como abogada, intuyó que esa promesa no se cumpliría: “A nadie ellos han entregado, ellos no cumplen palabra", afirmó el familiar, quien además aseguró que ni Carlos, ni Germán hacían vida política.
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Procesamiento judicial y denuncias familiares
El 10 de enero, Carlos y Germán fueron trasladados al Destacamento 40 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en San Felipe. Allí, en una audiencia telemática, se ratificó su privativa de libertad, aunque los cargos no fueron informados oficialmente, aunque la fuente presume que fueron imputados por terrorismo, como todos los detenidos por razones políticas. Extraoficialmente, se conoció que el lugar de reclusión sería la sede del Conas en San Felipe.
Judith y Germán Aponte, obligados a abandonar Yaracuy, responsabilizan al alcalde Juan Parada de cualquier daño que puedan sufrir su hijo Carlos, estudiante del noveno semestre de Economía en la UCLA, y su sobrino Germán, chef que iniciaba un negocio de comida rápida.
El Conas presentó otra versión de los hechos según Últimas Noticias, alegando que los detenidos portaban 20 cartuchos de fusil calibre 7,62×51 mm, cinco pasaportes venezolanos, tres teléfonos y un vehículo Chevrolet Tahoe. Sin embargo, la familia niega estas acusaciones y asegura que las pruebas fueron sembradas, afirmando que los pasaportes estaban vencidos, los celulares eran obsoletos y el vehículo es el transporte familiar.
“Exigimos libertad inmediata y el respeto a sus garantías constitucionales", concluyó el familiar consultado por El Pitazo.
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