Caracas.- Representantes sindicales y asociaciones de jubilados del sector eléctrico denuncian lo que califican como una «sentencia de muerte» laboral. Entre salarios que no superan los 3 dólares mensuales, despidos injustificados y una desatención médica, el gremio exige una reunión urgente con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y la directiva de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
La realidad económica de quienes sostienen el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es crítica. Hugo García, presidente de una asociación de jubilados y con 32 años de servicio en la industria, relató con indignación que la mayoría de los pensionados percibe apenas 180 bolívares por quincena.
«En la quincena no nos llega ni un dólar mensual. Las utilidades ni siquiera alcanzan esa cifra», denunció García, quien además señaló que la falta de cestaticket (bono de alimentación) y la eliminación de suministros de medicinas han dejado a los adultos mayores en un estado de «indigencia y hambre».
El caso de García es emblemático, perdió la visión tras una intervención de cataratas mal ejecutada en un servicio de salud vinculado a la empresa, y hoy solo pide un bono de alimentación para «sobrevivir».
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Por su parte, Alexis Rodríguez, directivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec), señaló que el salario de los trabajadores activos es igualmente paupérrimo, rondando apenas los 2 o 3 dólares al mes.
Persecución y despidos forzados
La crisis no es solo económica, sino también de derechos fundamentales. Osvaldo Méndez, secretario general de los trabajadores eléctricos de Lara, denunció que la empresa ha iniciado una cacería contra quienes reclaman.
Citó el caso de un trabajador del estado Falcón tratado como «terrorista» por participar en protestas, cuyo amparo constitucional lleva 15 días paralizado por una jueza inhibida.
Méndez criticó duramente al departamento de Relaciones Laborales de Corpoelec, al que apodó como un «comité celestial». Según el dirigente, este departamento decide arbitrariamente qué cláusulas del contrato aplicar, a quién jubilar forzosamente y a quién despedir, ignorando incluso providencias administrativas de reenganche.
Rodríguez reforzó esta denuncia asegurando que existen cerca de 500 trabajadores a nivel nacional con órdenes de reenganche que la empresa se niega a acatar, a pesar de que los tribunales les han dado la razón.
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Acuerdos opacos y ruta de protesta
Los trabajadores expresaron su preocupación ante las recientes noticias sobre posibles acuerdos entre el gobierno e instancias internacionales o empresas transnacionales para la recuperación del sector.
«Ninguna de esas condiciones habla de los trabajadores, ni de los jubilados, ni de los sobrevivientes», precisó Méndez.
Asimismo, alertaron sobre la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, la cual se discute enfocada en la participación privada y estatal, pero bajo un «manto de oscuridad» respecto al destino de los 34.000 trabajadores activos y 17.000 jubilados.
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«No nos vamos a morir de mengua en la casa», sentenció Méndez, mientras García hacía un llamado a la «piedad» del ministro para atender la emergencia alimentaria de los jubilados.
Los voceros entregaron una nueva comunicación exigiendo la restitución de derechos constitucionales y una mesa de diálogo real, advirtiendo que no aceptarán ser tratados como «un escritorio viejo que se desecha».