Caracas.- Familiares y miembros de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos acudieron este jueves 17 de septiembre a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir celeridad en los procesos judiciales, la revisión de las causas y el cumplimiento de las boletas de excarcelación.
La movilización partió desde La Hoyada y avanzó hasta las inmediaciones del máximo tribunal, al final de la avenida Baralt. Los familiares exigieron al Poder Judicial que atienda los casos de las personas detenidas por razones políticas y reclamaron que se garantice el debido proceso.
La convocatoria contemplaba cuatro exigencias: justicia y celeridad procesal, revisión inmediata de cada causa, cumplimiento de las boletas de excarcelación y la liberación de todos los presos políticos.
Jessica Castro, integrante de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, cuestionó el funcionamiento de los tribunales que llevan causas relacionadas con delitos de terrorismo y pidió una revisión de los expedientes.
«Exigimos que se ordene una inspección inmediata, seria e independiente de los tribunales que conocen las causas de los presos políticos», afirmó Castro.
La representante de la organización también informó que la situación de los detenidos será planteada en la segunda ronda de conversaciones entre representantes de la oposición y del gobierno de Delcy Rodríguez.
Según explicó, la Alianza prevé reunirse directamente con Dinorah Figuera para exponer los casos y solicitar la revisión de los procesos judiciales, además de plantear la situación de las personas privadas de libertad que presentan problemas de salud.
«Vamos a tener nosotros como Alianza la reunión directamente con Dinorah Figuera para explicar cada uno de los casos, el grave estado de salud y también el tema de la revisión de los casos», señaló.
Piden respuesta directa del Tribunal Supremo
Jessica Castro indicó que la consignación del documento ante el TSJ no es suficiente para la organización y reclamó que la presidenta del máximo tribunal reciba a los familiares y dé respuestas sobre sus solicitudes.
«No simplemente es el documento que siempre es recibido, sino que nos atienda la presidenta del Tribunal Supremo y que nos dé respuestas rápidas», sostuvo.
La protesta ocurre en un contexto en el que organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen denuncias sobre retrasos en procesos judiciales y condiciones de reclusión de personas consideradas presos políticos.
El Foro Penal informó que, al 14 de septiembre, contabilizaba 344 presos políticos en Venezuela: 330 hombres y 14 mujeres. Del total, 200 son civiles y 144 militares; 153 están condenados y 191 permanecen sin condena. La organización también registró siete excarcelaciones durante el período más reciente de su balance.
Uno de los reclamos recientes se relaciona con los traslados de presos políticos desde el Internado Judicial El Rodeo I. El Foro Penal reportó a comienzos de septiembre información sobre al menos 94 traslados y señaló que había podido verificar el centro de destino de 24 personas, mientras continuaba la verificación del resto de los casos.
La situación de los detenidos también forma parte del debate sobre las reformas institucionales que se discuten actualmente en Venezuela. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió el 16 de septiembre que, pese a la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos y a una disminución de las detenciones prolongadas, persisten estructuras estatales vinculadas a la represión y no se han concretado reformas institucionales suficientes para garantizar una mejora sostenida de los derechos humanos.
En ese escenario, los familiares que acudieron al TSJ insistieron en que las respuestas judiciales no pueden limitarse a recibir documentos y reclamaron decisiones sobre las causas que, aseguran, permanecen estancadas.
«¡Basta de retardos procesales! La justicia tardía también es injusticia», fue una de las consignas de la convocatoria.