Caracas.- El 24 de junio a las 6:04 p.m., los habitantes de siete estados, especialmente de La Guaira y Caracas, fueron sorprendidos por dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, que, en un lapso de más de un minuto, lograron desestabilizar edificios, comercios, viviendas.
En los casos menos graves, las estructuras quedaron con grietas, que con el tiempo se pueden reparar; en los peores, los edificios se vinieron abajo, dejando solo escombros, así como miles de personas muertas y heridas.
El balance de la administración de Delcy Rodríguez, ofrecido el 8 de julio, contabilizó la afectación de 856 edificios, así como el colapso total de 190 estructuras, cifras que no han cambiado desde hace días.
Si un edificio cae en un terremoto, ¿hay algún culpable?
En este contexto, el abogado Emilio J. Urbina Mendoza, dedicado a este tema, realizó un informe en el que responde a la pregunta que muchos se hacen actualmente: ¿De quién es la culpa si un edificio cede ante un terremoto?
Su primer planteamiento es que el Estado debe emprender investigaciones técnicas que permitan determinar si las fallas fueron exclusivamente consecuencia del sismo o también producto de errores humanos. Algo que, aclara, no debe interpretarse como una «cacería de brujas», sino como una medida destinada a prevenir futuras tragedias.
Desde su perspectiva, los escombros representan evidencia fundamental para establecer las causas del colapso, de modo que se pueda fortalecer la seguridad de las siguientes construcciones.
La tragedia de Vargas (1999) y la prioridad de la rapidez sobre la seguridad
La Guaira, antes conocido como el estado Vargas, fue el estado más afectado por el doblete sísmico, pero, antes de eso ya había vivido un deslave que causó muerte y destrucción en ese territorio.
El abogado asegura que, pese a aquella tragedia, en distintos sectores del país se dio continuidad a un modelo de desarrollo urbano que dio prioridad a la rapidez en la construcción de las edificaciones por encima de los criterios técnicos y de la planificación territorial.
Turquía 2023 como referencia para Venezuela 2026
En su artículo, Urbina usa como referencia la respuesta de Turquía, que sufrió devastadores terremotos en 2023: las autoridades de ese país crearon una oficina especializada para investigar los colapsos estructurales, preservar pruebas y determinar posibles responsabilidades penales de constructores, ingenieros y promotores inmobiliarios.
Entonces, Turquía decidió extraer muestras de concreto, inspeccionar el acero de refuerzo, analizar el tipo de colapso de las edificaciones y revisar expedientes de permisos de construcción; diligencias que permitieron abrir procesos judiciales relacionados con presuntas negligencias en las obras.
Sin embargo, aclaró que este modelo tuvo limitaciones, pues buena parte de los funcionarios encargados de aprobar proyectos urbanísticos quedaron al margen de las investigaciones por obstáculos legales y administrativos que dificultaron atribuirles responsabilidades penales.
¿Y Venezuela 2026?
En el caso de los terremotos en Venezuela 2026, el abogado cuestiona la flexibilización de controles urbanísticos durante las últimas décadas y plantea la necesidad de revisar tanto la documentación técnica, como los expedientes de habilidad de proyectos públicos y privados para verificar si cumplieron cabalmente con las normas vigentes.
Desde su perspectiva, el país no cuenta con una estructura permanente de investigación forense para edificaciones colapsadas; asimismo, considera que la ausencia de fiscales e ingenieros especializados dificulta establecer el nexo entre las posibles fallas constructivas y las inevitables consecuencias de un terremoto.
En ese sentido, recuerda que la jurisprudencia venezolana desarrolló el concepto de responsabilidad urbanística objetiva, según el cual podrían responder solidariamente el Estado, los municipios, los constructores, los profesionales responsables e incluso entidades financieras cuando exista un daño derivado de una planificación o ejecución deficiente de proyectos urbanísticos.
Para Urbina, determinar si hay un culpable o no, solo dependerá de la creación de un organismo especializado que se dedique a investigar técnicamente los colapsos de las edificaciones tras los desastres naturales.
Reitera que esclarecer las causas y determinar responsabilidades permitiría fortalecer la prevención y reducir el riesgo de que tragedias como la ocurrida tras los sismos del 24 de junio vuelvan a repetirse.