Caracas.- Para algunos estudiantes, el retorno a clases el próximo 14 de septiembre no significa simplemente reencontrarse con sus compañeros, preparar los útiles y volver a las rutinas. En las comunidades más golpeadas por los terremotos del 24 de junio, volver a entrar a un aula puede significar enfrentarse nuevamente a las grietas, al recuerdo de quienes ya no están y al miedo de que una nueva réplica vuelva a sacudir las estructuras.
En este contexto, la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) presentaron el Informe situacional sobre afectaciones al derecho a la educación tras el doblete sísmico de junio de 2026, elaborado a partir de un monitoreo realizado entre el 27 de junio y el 4 de agosto.
La incertidumbre no se limita a quienes perdieron familiares o sus viviendas. En las comunidades educativas consultadas, 51,5 % reportó fallecidos, 26,3 % heridos, 45,5 % personas desaparecidas y 58,6 % miembros damnificados. Algunos niños quedaron huérfanos o bajo el cuidado provisional de otras personas, mientras sus familias intentan resolver dónde vivir y cómo retomar una cotidianidad que quedó interrumpida por el desastre.
Ese es el escenario que antecede al anuncio oficial del retorno a clases. El Gobierno fijó para el 14 de septiembre el comienzo del nuevo año escolar y prometió rehabilitar 1.500 planteles. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de la niñez advierten que todavía no existen garantías públicas suficientes para determinar cuáles escuelas están realmente en condiciones de recibir nuevamente a estudiantes y docentes.
Hasta la presentación del informe, se reportó que el doble terremoto dejó al menos 6.125 personas fallecidas y 60.992 heridas. Más de 128.000 familias resultaron afectadas y 21.470 permanecen refugiadas en 107 campamentos provisionales. Asimismo, el sistema satelital Copernicus contabilizó además 434 edificios completamente colapsados y otros 1.304 con daños severos.
La investigación de Cecodap y Redhnna recoge 99 formularios provenientes principalmente de La Guaira, Distrito Capital y Miranda. De las personas consultadas, 78,8 % son docentes y personal directivo. Asimismo, 60,6 % de los centros educativos monitoreados pertenecen al sector público y 39,4 % al privado o subvencionado.
Escuelas que todavía no son seguras
Uno de los principales obstáculos para el regreso presencial es el estado de la infraestructura. La consulta revela que 27,3 % de los planteles presenta daños graves, entre ellos grietas profundas en vigas o columnas, desprendimientos de techos y colapsos estructurales parciales.
A esto se suma que 65,7 % registra daños considerados leves, como fisuras en frisos, vidrios rotos o caída de mampostería. En 33,3 % de las instituciones hay áreas clausuradas debido a riesgos que impiden utilizarlas con normalidad.
Gloriana Faría, coordinadora del servicio de Atención Jurídica de Cecodap, advirtió que la clasificación de un daño como «leve» no significa que una escuela sea automáticamente segura. Para determinar la habitabilidad, explicó, es necesaria una evaluación técnica realizada por profesionales independientes.
La afectación alcanza también a las organizaciones de educación popular que atienden a miles de estudiantes en sectores vulnerables. La Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) reportó 28 escuelas con daños estructurales críticos certificados por ingenieros, con más de 4.000 estudiantes afectados. Entre ellas están el Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, en La Pastora, y el Colegio San Agustín, en El Paraíso.
Fe y Alegría, por su parte, documentó daños en 84 de los 93 centros educativos evaluados en su cuarto reporte de emergencia. De ellos, 56 se encuentran en zonas consideradas de alta criticidad. La situación compromete a unos 15.000 estudiantes y 12.000 familias.
Entre los casos más delicados figura el colegio Dr. Prisco Villasmil, en Antímano, con 663 alumnos afectados. También están el Colegio Iberoamericano, ubicado en el kilómetro 14 de El Junquito y cuyo plantel sufrió un colapso total, y el Colegio Augusto Pi Suñer, en la misma parroquia.
Agua, internet y escuelas convertidas en refugios
La emergencia tampoco terminó con los daños estructurales. El terremoto profundizó problemas de servicios públicos que ya afectaban a los planteles.
El informe señala que 56,6 % de las escuelas monitoreadas no cuenta con telefonía o internet, lo que dificulta la comunicación con las familias y limita las alternativas de educación a distancia. Otro 43,4 % presenta problemas severos o ausencia total de agua potable por tubería.
A esto se suman dificultades para llegar a los centros educativos, escasez de transporte público, fallas eléctricas y problemas para garantizar el gas necesario para los comedores escolares.
Mientras tanto, 17,2 % de los planteles está siendo utilizado para funciones de emergencia como refugio para damnificados, centros de acopio, comedores o puntos de atención médica.
La situación plantea una disyuntiva para las comunidades: desalojar a familias que todavía necesitan protección para recuperar los espacios escolares o intentar comenzar las clases en instituciones que continúan funcionando como centros de atención a la emergencia.
Un duelo que también entra al salón de clases
La dimensión emocional es otro de los grandes desafíos. El regreso a las aulas ocurrirá mientras estudiantes, docentes y representantes todavía enfrentan pérdidas familiares, desplazamiento, daños en sus viviendas y la incertidumbre provocada por las réplicas.
Carla Serrano, secretaria adjunta de Redhnna, cuestionó la falta de información pública sobre el verdadero impacto de la tragedia en la infancia. Explicó que Cecodap había contabilizado 1.405 niños, niñas y adolescentes heridos, desaparecidos o desplazados internos, pero no son cifras oficiales. Además, la organización logró identificar al menos 900 escuelas afectadas en el país.
«No es cualquier regreso a clases», sostuvo Serrano al advertir que los tiempos de la decisión política no necesariamente coinciden con los de las comunidades que todavía intentan recuperarse.
Las mujeres sostienen buena parte de la emergencia
El monitoreo también muestra que la respuesta comunitaria ha recaído principalmente sobre las mujeres. El 89,9 % de quienes participaron en el cuestionario y realizan labores comunitarias relacionadas con la emergencia son mujeres.
Docentes, madres, directivas y trabajadoras de los planteles han asumido tareas que van desde la organización de refugios y búsqueda de agua hasta la limpieza de espacios y la contención emocional de los niños.
La carga también alcanza a niñas y adolescentes, algunas de las cuales han debido asumir responsabilidades de cuidado de hermanos menores o adultos mayores. Las organizaciones alertan que esta situación puede incrementar el riesgo de abandono escolar.
Maestros también enfrentan la emergencia
Para los docentes, el regreso a las aulas ocurre en medio de una situación económica crítica. El informe recoge el caso de una maestra con 27 años de servicio que recibe un salario mensual de 767 bolívares, equivalente a menos de 1,01 dólares. Con un pasaje mínimo de 190 bolívares, ese ingreso apenas cubriría cuatro traslados.
El informe también señala que más de 20.000 docentes de las zonas afectadas quedaron fuera de los bonos vacacionales y de aportes relacionados con las pensiones.
Noelbis Aguilar, directora nacional del programa de escuelas de Fe y Alegría, sostuvo que la reconstrucción educativa no puede realizarse a costa de las condiciones de vida de los maestros.
La red atiende a más de 30.000 estudiantes en los cinco estados afectados. De sus planteles dañados, 33 presentan afectaciones severas y ocho ya tienen obras de reconstrucción en marcha.
Sin embargo, Aguilar considera poco probable que algunas de estas escuelas puedan retomar las actividades presenciales el 14 de septiembre. Por ello, Fe y Alegría trabaja en alternativas de atención virtual.
«Las mismas grietas» de las casas llegan a las aulas
El miedo de las familias tiene una explicación. Para muchos niños, las paredes agrietadas de la escuela pueden recordarles las viviendas que dejaron atrás.
Aguilar explicó que los estudiantes de las comunidades afectadas observan en sus aulas las mismas señales de destrucción que encontraron en sus hogares. En ese contexto, la pregunta para las familias no es únicamente cuándo comenzarán las clases, sino si podrán sentirse seguros al dejar nuevamente a sus hijos en una escuela.
Fernando Pereira, educador y miembro fundador de Cecodap, destacó que las comunidades educativas han desarrollado redes de solidaridad y no han permanecido esperando pasivamente una respuesta oficial.
Sin embargo, pidió modificar la forma en que el Estado coordina la emergencia y establecer una comunicación efectiva con los especialistas y organizaciones que trabajan directamente en los planteles.
La emergencia también ha generado problemas administrativos. En Catia La Mar, por ejemplo, directivos del Colegio San José, cuya estructura colapsó, han tenido que instalar equipos informáticos de manera provisional para que los representantes puedan gestionar documentos, notas certificadas y traslados de estudiantes que debieron desplazarse hacia otras entidades del país.
Las condiciones para volver
Ante la proximidad del 14 de septiembre, Cecodap y la Redhnna plantearon una serie de medidas que consideran indispensables para garantizar un regreso seguro.
La primera es realizar evaluaciones técnicas independientes y certificar la habitabilidad de cada plantel antes de permitir actividades presenciales. También reclaman que el Estado publique información detallada sobre los daños de cada escuela, parroquia y municipio.
Las organizaciones solicitan, además, un registro confidencial de niños, niñas y adolescentes afectados que permita atender a quienes quedaron huérfanos, resultaron heridos, fueron desplazados o adquirieron alguna discapacidad como consecuencia de la tragedia.
La prevención también ocupa un lugar central. Proponen implementar simulacros y protocolos de evacuación que preparen a estudiantes y docentes ante posibles réplicas, así como programas sostenidos de atención psicológica para quienes atraviesan procesos de duelo y desplazamiento.
Finalmente, plantean garantizar condiciones salariales dignas para los docentes, restituir los beneficios contractuales y ofrecer asistencia social a los maestros que también resultaron afectados por el terremoto.
A menos de un mes del inicio anunciado del año escolar, el desafío no consiste únicamente en abrir nuevamente las puertas de los colegios. Para las comunidades golpeadas por el doble sismo, el verdadero reto será conseguir que esas puertas conduzcan a espacios seguros, habitables y capaces de recibir a una generación de estudiantes que todavía intenta entender lo ocurrido el 24 de junio.