Nuevamente, hoy 28 septiembre, Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, los grupos de mujeres de movimientos feministas en el mundo nos levantamos para exigir a los gobiernos la despenalización y legalización del aborto y la facilitación del acceso al mismo, con el objetivo de reducir las muertes por interrupciones inseguras del embarazo.

Esta acción de protesta surgió en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en 1990 en Costa Rica y aunque el tema se ha puesto en la agenda pública de muchos países de la región, la realidad es que, salvo excepciones, las respuestas registradas a la fecha en materia legislativa y sanitaria, no demuestran la tan necesaria y decidida voluntad política que los gobiernos y organismos responsables deberían tener frente a un problema como este.

Aunque la mayoría de los países autorizan practicar abortos bajo determinadas circunstancias, unos 20 países no tienen legislación que lo permita. Por el contrario, 3 de cada 4 países tienen sanciones legales, que pueden incluir penas de prisión o multas severas para las mujeres que se someten al procedimiento o a quienes prestan asistencia. Venezuela es uno de ellos.

Cifras duras

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) el 8% de las muertes de mujeres en el mundo se deben a los abortos inseguros o clandestinos, realizados en condiciones antihigiénicas sin atención médica. Esta situación la padecen en mayor cuantía las mujeres de países más pobres, donde el acceso a anticonceptivos es difícil, la educación sexual es pobre o inexistente, la atención médica es costosa y donde no se respetan los derechos sexuales y reproductivos.

Aproximadamente una de cada ocho muertes relacionadas con el embarazo en todo el mundo está asociada con el aborto inseguro, según el Instituto Guttmacher de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el caso de América Latina, la tasa de embarazos no deseados supera la tasa global, al ubicarse en 69 por cada mil casos. Respecto a la tasa de abortos en el continente, esta asciende a 32 por cada mil mujeres en edad fértil.

Para Human Right Watch, el 13% de las muertes maternas en el mundo se atribuyen al aborto inseguro. Son entre 68.000 y 78.000 fallecimientos anuales evitables. En Venezuela, no hay cifras oficiales al respecto, aun cuando el Gobierno reconoce que las interrupciones voluntarias del embarazo sin garantías son la tercera causa de mortalidad materna. Al respecto, un grupo de ONGs venezolanas publicó en el reporte Mujeres al Límite de 2019, que, por cada cuatro partos, se produjo un aborto. Entre agosto y diciembre de ese año, se registraron 15 abortos diarios, de los cuales la tercera parte correspondía a niñas de 12 años.

Tan grave es la situación, que la OMS publicó en días recientes nuevas directrices sobre la atención del aborto, cuya finalidad es proteger la salud de las mujeres y las adolescentes y ayudar a prevenir los más de 25 millones de abortos inseguros que se producen actualmente cada año: “Trágicamente, solo alrededor de la mitad de los abortos se realizan de forma asistida, y los abortos inseguros causan alrededor de 39.000 muertes al año causando que millones de mujeres más sean hospitalizadas por complicaciones. La mayor parte de estas muertes se concentran en los países de ingreso bajo —más del 60% en África y el 30% en Asia— y entre quienes viven en las situaciones más vulnerables”. Por estas razones, el aborto seguro tiene que ser parte de la asistencia sanitaria.

Restringir el acceso al aborto no reduce su frecuencia

Peor aún, prohibirlo produce la ocurrencia de más procedimientos de alto riesgo para la vida de las mujeres y adolescentes. En los países donde el aborto está más restringido, solo 1 de cada 4 abortos es seguro, en comparación con casi 9 de cada 10 en los países donde el procedimiento es ampliamente legal.

Las mujeres no van a dejar de abortar porque el Estado o la Iglesia lo impidan. La pregunta es si dejamos que más mueran por ello. Al final es un tema discriminatorio porque las que pueden van a consultas privadas a hacerse el procedimiento de forma clandestina, pero segura. Las pobres y marginadas no tienen estos recursos y mueren en el intento.

Ninguna mujer debería arriesgar su salud y su vida teniendo disponible personal capacitado, medicamentos y procedimientos probados. Ninguna mujer debería pagar por un aborto porque es un derecho humano que debe ser garantizado sin importar los recursos económicos con los que se cuente. Ninguna mujer debería ser víctima de la imposición de una moral represiva producto de una creencia religiosa que no todas compartimos.

Cuándo y cómo tener hijos y con quién, es una decisión personal que no debe seguir siendo controlada por ninguna institución patriarcal. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. Aborto seguro, legal y gratuito para todas las que lo deseen y necesiten. Así lo exigimos.

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