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El periodista Gustavo Azócar fue citado este jueves por la Fiscalía 18° del Ministerio Público, en el estado Táchira, debido a una denuncia que realizaron en su contra por unas publicaciones que realizó el comunicador a través de su cuenta en Twitter, el pasado mes de abril. 

“Es importante informarles que todo salió bien y que fuimos atendidos en la Fiscalía y pudimos leer el expediente y la denuncia que hay en esa fiscalía contra nosotros. Por razones legales no puedo ahondar en detalles en relación con la denuncia. No puedo decir el nombre de la persona que me denuncia ni el fondo de lo que allí existe”, dijo Azócar en un video publicado a través de la cuenta en Twitter del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys). 

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Azócar indicó que las denuncias que realiza a través de sus redes sociales siempre se realizan con pruebas y testimonios. “Siempre hemos publicado cosas con base en documentos, pruebas o testimonios (…) Cuando hacemos periodismo de denuncia lo hacemos con bases”, añadió. 

Tras el reporte que realizó Azocar sobre su caso Ipys le pidió a las autoridades respetar el debido proceso y ser garantes de la justicia en el país. 

La libertad de prensa en Venezuela 

El estado de la libertad de prensa en Venezuela es uno de los más bajos en el mundo, reveló el miércoles 3 de mayo la organización Reporteros Sin Fronteras.

De un total de 180 países, Venezuela se ubica en el puesto número 159 de la lista. Tiene una puntuación de 37,78 puntos, y mantiene la misma posición que tenía en 2022.

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En su informe 2023 sobre la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras destaca del país que «Venezuela vive en un clima de restricción de la información, en el que las medidas del gobierno amenazan el ejercicio mismo del periodismo independiente».

Recordaron las restricciones para el ejercicio periodístico en el país, en un contexto de persecución, hostigamiento y amenazas.

«En Venezuela, el periodismo se desenvuelve en un clima de restricciones. Es habitual que los reporteros sean golpeados o amenazados en el ejercicio de su labor, cuando hay conflictos políticos o en períodos electorales. La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo están bajo control de Maduro, por lo que ninguna contribuye a garantizar la seguridad de los periodistas. Los actos de violencia física o verbal contra la prensa rara vez son objeto de una investigación», dice sobre el país la organización internacional.