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La ONG Defiende Venezuela denunció que la actuación policial “Operación Trueno” que se lleva a cabo en el Altagracia de Orituco, estado Guárico, desde el 20 de abril ha incurrido en allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, extorsiones y represión por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Conas.

Aunque la información que difunden las autoridades indica que el objetivo de la operación es detener a los autores de extorsión y otros hechos delictivos, así como con los colaboradores o cómplices de la banda criminal “El Tren del Llano”, Defiende Venezuela denuncia que se usa como justificativo para atacar indiscriminadamente a los habitantes de Altagracia de Orituco.

“Logramos identificar que siguen los allanamientos ilegales a las residencias y comercios, se han atentado contra vidas, existe un sometimiento de los ciudadanos con detenciones arbitrarias, se han dado confiscaciones ilegales, robos de bienes, violencia de género y, por último, actos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”, dijo uno de los abogados de Defiende Venezuela en su visita a Altagracia expone.

A quiénes señalan

Asimismo, el equipo de documentación la ONG denunció que las víctimas han señalado que los cuerpos de seguridad responsables de la «Operación Trueno» son la Dirección Contra Delincuencia Organizada (DCDO- PNB), la Dirección de Inteligencia Policial (DIP-PNB) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas – GNB). No obstante, los funcionarios se identificaban como las FAES, al momento de ingresar a las viviendas.

Defiende Venezuela entrevistó 15 núcleos familiares compuestos por madres, esposas, hijos, hermanos y sobrinos, y a más de 24 víctimas indirectas, incluyendo gremios de productores y comerciantes, también recopiló evidencia que soporta las declaraciones de éstos.

A pesar de que se trata de un operativo policial para desarticular una banda organizada y brindar seguridad a los residentes de esta localidad guariqueña, los habitantes declaran tener miedo y terror por la acción indiscriminada de estos funcionarios. Consideran que no existe una planificación en seguridad ciudadana o control judicial, en las actuaciones desplegadas en ese territorio, dijeron en un comunicado.

Detenciones arbitrarias y allanamientos

A la mayoría de los detenidos durante la «Operación Trueno» los trasladaron a Caracas, donde los presentaron ante los tribunales con competencia especial en terrorismo. A estas personas no se les permitió la representación jurídica de un abogado de confianza.

Adicionalmente, señalan que los incriminaron, mediante “la siembra” de evidencia en sus expedientes judiciales.

En algunos casos se evidenció también la desaparición forzada de personas. Defiende Venezuela pudo constatar que autoridades policiales anunciaban en redes sociales la aprehensión de esos sujetos, pero no suministran información a sus familiares sobre el centro de reclusión donde se encuentran detenidos.

Además, la ONG aseguró que las fuerzas del Estado, en algunas oportunidades, utilizaron las viviendas de las personas como centro de operaciones, donde pernoctaron y organizaron celebraciones, hasta altas horas de la noche.

Los testigos denunciaron que los funcionarios no contaban con una orden judicial de confiscación acordada por un tribunal, tampoco se evidenció la presencia de un representante del Ministerio Público en los allanamientos. En esos lugares, las víctimas señalan el saqueo de sus viviendas.

Defiende Venezuela aseguró que «continuará monitoreando y documentando la situación de Altagracia de Orituco, alertando y denunciado los hechos de violación de derechos humanos ante los organismos internacionales de protección, con la intención que cese el hostigamiento contra los gracitanos y se respete las garantías judiciales de los detenidos».