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La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela denunció este miércoles 22 de marzo los ataques y persecuciones contra ONG, líderes sindicales, dirigentes políticos y periodistas en el país.

Durante una actualización sobre el caso venezolano ante el Consejo de DDHH de la ONU, Marta Valiñas, que dirige este grupo de expertos independientes, dijo que han aumentado «los ataques contra ONG y personas defensoras de DDHH, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otras personas de la sociedad civil, así como a líderes políticos».

Esta misión fue nombrada por decisión del Consejo de Derechos Humanos desde 2019 y ha elaborado tres informes en los que destaca las torturas, tratos crueles y otras formas de violaciones de sus garantías a los presos políticos en el país.

Ataques a la sociedad civil

En esta oportunidad, Valiñas se refirió al hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos, las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil venezolana por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Recordó el encarcelamiento de líderes sindicales en las empresas básicas de Guayana, en el estado Bolívar, así como la de los dirigentes Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alcides Bracho, quienes enfrentan juicio por supuestos delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.

Aunque el proceso contra estos últimos seis se reanudó tras la visita del Alto Comisionado de la ONU para DDHH, Volker Türk, el mes pasado, el juicio contra ellos no avanza.

Sobre los medios de comunicación, Valiñas citó los cierres de emisoras de radio en septiembre en los estados Zulia y Táchira, el encarcelamiento del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, así como el juicio contra el reportero gráfico Jesús Medina Ezaine.

«En años recientes tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno». Entre ellos nombró a periodistas, personal de ayuda humanitaria, dirigentes sindicales, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Valiñas dijo que de los informes anteriores no hay procesos contra los autores que identificó, pese a las graves violaciones de esos documentos.

A su juicio estas acciones «han conseguido atemorizar a la población y desmovilizar la disidencia política», ante lo que consideró un «efecto inhibidor de la protesta».

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Que dijo sobre los presos políticos

Hay 282 personas civiles y militares que están detenidas por causas y motivos políticos. Dijo que se verifican nuevas detenciones selectivas y aseguró que se reciben denuncias sobre violaciones a los derechos de estas personas, amenazas contra sus familias y procesos judiciales sin concluir.

«La Misión continúa recibiendo denuncias de amenazas y represalias contra las personas detenidas y sus familiares, así como de dificultades para acceder a alimentos y tratamiento médico, restricciones al acceso de familiares y abogados y constantes violaciones de derecho al debido proceso».

Un día antes, el Alto Comisionado habló de detenciones arbitrarias, los ataques a la prensa independiente y las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales que siguen ocurriendo en Venezuela. Aseguró de cinco casos de este tipo de muertes en las que su oficina en Caracas ha tenido conocimiento.